Lo sucedido este miércoles, no por esperado, deja de ser aciago para la Justicia y para su independencia y fortaleza a la hora de hacer frente a quienes quieren hacer pedazos nuestra nación entendida como Estado de derecho:
Por un lado, las defensas de los golpistas indultados por el Gobierno se plantean una revisión de penas, pudiendo pedir incluso la absolución, a partir de la entrada en vigor mañana del nuevo Código Penal que deroga el delito de sedición y rebaja la pena por el de malversación, lo que les levantaría la pena de inhabilitación que todavía pesa sobre ellos y les permitiría volver a presentarse a las elecciones.
Por otra parte, y también por la misma razón, el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena modificará el auto de procesamiento del expresidente catalán Carles Puigdemont y del resto de golpistas fugados como la secretaria general de ERC Marta Rovira, lo que podría abrir la posibilidad de que los delincuentes fugados pudiesen volver a España en los próximos días sin tener que entrar en prisión.
Finalmente y no menos lamentable ha sido la designación, por parte de la mayoría izquierdista del Tribunal Constitucional, de Cándido Conde-Pumpido como nuevo presidente del Alto Tribunal. Aunque la designación de Conde-Pumpido pudiese parecer a muchos preferible a la designación de Maria Luísa Balaguer —ex militante socialista que se sigue declarando "feminista, republicana y marxista"— no lo es tanto si tenemos presente el nihilista e insuperable grado de servilismo hacia el gobierno del que hizo gala Conde-Pumpido durante su etapa de Fiscal General de Estado durante el mandato de Zapatero. Recuérdese, en este sentido, hasta qué punto ignoró el Fiscal General del Estado el articulo 408 del Código Penal que tipifica como delito la omisión del deber de perseguir los delitos y a los delincuentes con tal de no entorpecer las repugnantes negociaciones que, al margen del Estado de derecho, estaban llevando a cabo el gobierno de Zapatero con la cúpula de ETA. O cómo ignoró la supuestamente vigente "Ley de Partidos", hasta el punto de denigrarla como un "Guantanamo electoral". Su complicidad con el Gobierno en la senda antijurídica que constituyó el sucio y mal llamado "proceso de paz" era tal que llegó a hacer aquella declaración, tan cursi como repugnante, en la que garantizaba que "el vuelo de las togas de los fiscales no eludirá el contacto con el polvo del camino". No es de extrañar, en este sentido, que cuando un juez ordenó por aquellos días la detención de Arnaldo Otegi, el dirigente proetarra preguntara sorprendido si Conde-Pumpido sabia que el fiscal del caso quería meterlo en la cárcel.
Así las cosas, no es de extrañar que Conde-Pumpido se avenga a ensuciar nuevamente su toga, esta vez como presidente del Constitucional, con tal de satisfacer las nuevas reclamaciones que le hagan al gobierno sus socios separatistas. A este respecto téngase presente que ERC ya ha anunciado su intención de llevar a cabo una tercera y no menos inconstitucional consulta secesionista como las perpetradas en 2014 y 2017, que bien podría pasar a ser considerada constitucional si eso fuera requisito para sostener al PSOE en el Gobierno, tal y como ha sucedido con la exigencia de sus socios separatistas de derogar el delito de sedición o reducir la pena por malversación.
Así las cosas, claro que es lógico —tal y como reconoce sin avergonzarse, Felix Bolaños— que las defensas de los golpistas, como las de otros políticos salpicados por el delito de malversación, se aprovechen de las reformas penales llevadas a cabo por este gobierno infausto. Como que se llevaron a cabo precisamente para eso. Y si socialistas y comunistas pudieran reformarían también la propia Constitución; pero, como no pueden, han hecho algo aun más artero como es designar un Tribunal Constitucional que, llegado el caso y si fuera necesario, pase a interpretar como acorde con nuestra Carta Magna lo que antes, sencillamente, no lo era.