Desde hace unos años y siempre a mediados de enero, el señor Escrivá, que es ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Gobierno de España, me escribe una carta. Una formalidad. Me comunica la revalorización de la pensión. Suele ir directa a la papelera porque lo importante es el documento adjunto, que precisa la cantidad mensual a percibir tras aplicar la deducción del IRPF
Esta deducción, por "rendimientos del trabajo" a un pensionista, es una de esas paradojas —como los fijos discontinuos que están en paro pero no computan como parados— que se resuelven por "expresa disposición legal", léase "porque sí".
En 1994, el gobierno socialista de Felipe González aprueba la Ley General de la Seguridad Social y regula que "las percepciones derivadas de la acción protectora de la Seguridad Social estarán sujetas a tributación". Hasta esa fecha la Ley de Bases de la Seguridad Social de 1966 disponía lo contrario: "Las percepciones derivadas de la acción protectora de la Seguridad Social están exentas de toda contribución, impuesto…". El PSOE comenzaba a borrar los rastros del franquismo.
Pero volvamos con la carta del señor Escrivá. Les confieso que en esta ocasión tenía interés por leerla. El ministro me informa de que mi pensión, junto a la de los nueve millones que cobran una contributiva, subirá un 8,5% —el mayor incremento desde 1982—. Y es el mayor incremento porque es lineal. Un gasto estimado por el Banco de España en 15.000 millones de euros que se consolida en los gastos de la Seguridad Social. No es una paga para compensar la inflación.
Es la primera vez, desde que la ley 26/1985 de medidas urgentes para la racionalización de la Seguridad Social fijase un criterio de revalorización de las pensiones —en aquel momento fue el IPC previsto para el año que comenzaba; hoy la Ley 21/2021 establece que es el Índice del año que acaba— que se produce una subida lineal, es decir, que afecta igual a la pensión mínima que a la máxima. Todas subirán un 8,5%. Una decisión insolidaria y temeraria para un sistema quebrado. En los últimos 40 años se aprobaron incrementos superiores al 8,5% en contadas ocasiones y siempre para las pensiones más bajas, acompañados de subidas moderadas en la pensiones medias y congelación de las máximas.
El ministro no menciona esta circunstancia, pero sí hace una afirmación irresponsable aun en año electoral: "Hemos vivido un aumento de la inflación, vinculado a la guerra en Ucrania. Ahora bien, sean cuales sean las circunstancias, debe tener la certeza de que la protección del poder adquisitivo de su pensión está siempre asegurado gracias a la Ley 21/2021", aprobada en diciembre de 2021 por la coalición social-comunista con los votos en contra del PP, Vox y Cs.
El ministro no dice la verdad cuando afirma que el poder adquisitivo de la pensión está asegurado. Fíjense en un detalle. En el año 2022 las pensiones subieron el 2,5% y la inflación fue del 5,7%. Esta pérdida de 3,2 puntos se hubiese compensado con la "paguilla" de enero. Pero este año no hay paga. Calla el señor Escrivá y no pierde el tiempo La Moncloa: "¡Las pensiones suben el 8,5%!". En esto consiste la propaganda.
¿"Sean cuales sean las circunstancias"? En la competición por saber quién es el responsable gubernamental más frívolo, el señor Escrivá ha puesto muy alto el listón. La responsabilidad de un Gobierno se mide por la capacidad de tratar a los ciudadanos como adultos. Personas capaces de comprender la necesidad de adoptar medidas por el interés general aunque puedan afectar negativamente a sus intereses particulares. Una responsabilidad que debería ser compartida con la oposición.
¿Qué circunstancia obligó al presidente Zapatero a no subir las pensiones en 2011? Unos meses antes su gobierno veía crecer "los brotes verdes". La ventaja de ser ministro de un Gobierno de propagandistas formados en la escuela de Willi Münzenberg es que se puede decir una cosa y la contraria con la misma desfachatez y sin alterar la sonrisa.
Unos meses antes de ser nombrado ministro, el señor Escrivá, en su condición de presidente de la AIReF, acudió a la sede de UGT en Palencia. Allí propuso ampliar los años de cotización desde los 25 a los 35. También aumentar la edad efectiva de jubilación —una vez que en 2027 se alcanzasen los 64,5—. El propósito de estas medidas, entre otras, era el de contener el gasto en pensiones. Seguro que quien a los pocos meses sería nombrado "ministro de las pensiones" estaba convencido de ello.
Por ello, la pregunta que se le debe hacer es si cree que una subida lineal del 8,5, que consolida un gasto de 15.000 millones de euros, contribuye a contener el gasto en pensiones.
El 1 de junio de 2018 se aprobó en el Congreso la moción de censura contra Mariano Rajoy. En ese momento, la deuda de la Seguridad Social era de 34.888 millones de euros. Cuando el ministro Escrivá tomó posesión —el 13 de enero de 2020— esa deuda se había incrementado en 20.000 millones —hasta los 55.000—. Tres años después es de 106.175 millones, un 204% más.
El ministro concluye su carta informándonos de que sigue trabajando intensamente "concretando las recomendaciones del Pacto de Toledo que el Congreso aprobó hace casi dos años" y anuncia que la reforma ya está casi concluida ¿Pensará el señor Escrivá aprobar una reforma que afecta a las pensiones en año electoral? Unas medidas que amplían los años cotizados y retrasan la edad real de jubilación, si es coherente con sus propuestas. El Gobierno necesitaría unos sindicatos aún más serviles para atreverse a hacerlo.
El señor Escrivá pasó de "autoridad independiente" a "ministro dependiente". Es muy probable que el próximo año le veamos encabezar las manifestaciones "por unas pensiones dignas" cuando el ministro que le suceda se vea obligado a corregir los desmanes de una gestión irresponsable. O quizá acabe como conferenciante telonero en Davos, pidiendo recortes severos para "salvaguardar el sistema". Al tiempo.