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Mikel Buesa

Cataluña: el retorno de FTF

Al suprimirse la aportación catalana al sistema de financiación territorial se contraerán los mercado regionales a los que Cataluña exporta.

Al suprimirse la aportación catalana al sistema de financiación territorial se contraerán los mercado regionales a los que Cataluña exporta.
El presidente de la Generalidad de Cataluña, Pere Aragonès, durante su intervención en el congreso de ERE en Lérida. | Europa Press

Designo con el acrónimo FTF a la Falacia Trias Fargas según la cual, en contra de las normas metodológicas de la Balanza de Pagos —y, por supuesto, del principio general de la partida doble establecido por Fray Luca Bartolomeo de Pacioli en el siglo XV—, un saldo deficitario en la balanza fiscal no se compensa con otro de signo contrario e igual cuantía en la balanza comercial de bienes y servicios. Ramón Trias Fargas, político nacionalista y catedrático de economía, estableció su falacia —con pleno conocimiento de su falsedad, pues así lo escribió en su libro de Introducció a l'economia de Catalunya, allá por el comienzo de la década de los setenta del siglo pasado— afirmando, basándose en un dudoso e incompleto batiburrillo de cifras referidas a distintas fechas de los años sesenta, que la identidad contable aludida se daba en todo el mundo menos en Cataluña. Al lector poco avezado en estas lides le diré que lo que esa identidad señala es que el déficit fiscal catalán —que por supuesto existe y es abultado, aunque menos que el madrileño—no es más que la expresión financiera del superávit que la región obtiene comerciando con el resto de España en los mercados de bienes y servicios. Dicho de otra manera, el déficit fiscal es la expresión de la prosperidad catalana y de la competitividad de su sistema productivo en el ámbito español.

Formulada la FTF los dirigentes nacionalistas —con el impagable apoyo de unos cuantos economistas académicos que prefirieron hacer oídos sordos a lo que habían aprendido en los primeros cursos de su formación— se apresuraron a reivindicar la devolución del déficit fiscal hasta culminar en la intentona independentista. El asunto decayó después, pero hace unos meses la Generalidad propició su retorno publicando, a pesar de que le faltaban datos, la balanza fiscal de 2019, cifrándola en 20.196 millones de euros —siguiendo el método del flujo monetario— o en 14.556 —según el método más correcto de la carga-beneficio—. No voy a entretener al lector explicando las diferencias entre ambos métodos porque lo relevante ahora es que, para el gobierno catalán, el déficit fiscal —que él toma según la más abultada de esas cifras— ha crecido hasta el 8,5 por ciento del PIB, medio punto más que en los años anteriores.

Naturalmente, tras las cifras llegaron las quejas. Y ahora, un manifiesto promovido por las Cámaras de Comercio de Barcelona, Gerona y Sabadell, las patronales Pimec y Cecot, las asociaciones FemCAT y Amec, y el grupo de Economistes pel Bienestar, reclama un nuevo sistema de financiación —similar al del concierto económico vasco— que posibilite acabar con "con el déficit fiscal crónico" y meter en los presupuestos de la Generalidad los 20.000 millones de marras. De esta manera, dicen, Cataluña tendrá "la financiación que se merece" porque contará con "la capacidad de recaudar y decidir sobre el destino de los recursos que genera" y, así, poder "potenciar la competitividad (y) el bienestar y el progreso de sus ciudadanos". Aclaremos que, sin decir cómo, a lo redactores del manifiesto no se les olvida una "colaboración razonable en el equilibrio y solidaridad territorial", suponemos que con el resto de España.

Hasta aquí la retórica. Veamos ahora, con la ayuda de unos pocos números, cuál es su significado. Cataluña recibe actualmente del sistema de financiación autonómico 2.714 euros por habitante —un 0,6 por ciento más que la media española—; y adicionando el déficit fiscal pasaría a recibir 5.295 euros. Naturalmente, para llegar a esta última cifra, habría que restar del sistema de financiación la cantidad correspondiente, lo que implicaría reducir los recursos por habitante en las demás regiones —excepción hecha del País Vasco y Navarra, que juegan en otra liga— en la cuantía de 449 euros. Dicho de otra manera, para satisfacer las aspiraciones de los autores del manifiesto, inevitablemente deberán empeorarse los servicios públicos —educación, sanidad y servicios sociales, principalmente— en el resto de España. Digo yo que en esto debe consistir la solidaridad territorial mencionada en el párrafo anterior.

Pero la historieta no acaba ahí porque al suprimirse la aportación catalana al sistema de financiación territorial —en eso consiste acabar con el déficit fiscal— se contraerán los mercado regionales a los que Cataluña exporta sus bienes y servicios. Y si esa contracción es del mismo orden que el citado déficit, entonces, en Cataluña, desaparecerán como por ensalmo unos 360.000 empleos, con el consiguiente aumento del paro. En esto también consiste la solidaridad proclamada. Y tras la pérdida de mercados y empleos, naturalmente vendrá una reducción de la recaudación de impuestos —pues éstos guardan una estrecha relación con el nivel de actividad y trabajo productivos—. Un cálculo conservador de esta pérdida fiscal se sitúa entre 4.200 y 4.800 millones de euros. O sea que la Generalidad perderá dinero con la operación del déficit, aunque, como se quedará con los 20.000 millones, el saldo neto se situará entre 15.200 y 15.800 millones. No está mal para haber producido unas pérdidas mayores en las regiones españolas con las que comparte el régimen común de financiación y haber mandado a la calle, como consecuencia, a varios centenares de miles de trabajadores. Claro que el chorro neto resultante de millones se lo acabarán repartiendo entre las fuerzas vivas del nacionalismo, incluyendo a los paniaguados de las Cámaras de Comercio, las patronales, las asociaciones promotoras y los economistas preocupados por el bienestar de su bolsillo.

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