La Generalidad catalana, cientos de ayuntamientos con el de Barcelona a la cabeza, las diputaciones y todo el entramado de organizaciones al servicio del separatismo han agudizado sus obsesiones contra el uso del idioma español en Cataluña. La connivencia de separatistas, podemitas y socialistas es absoluta en este asunto, una unidad sin fisuras que llega hasta el punto de avalar planes y disposiciones como las recientemente presentadas por el gobierno municipal de Ada Colau, que manda en coalición con el PSC, para arrinconar el español y extender el uso del catalán hasta en los ámbitos privados con la amenaza nada velada de recurrir al musculoso aparato sancionador de la administración local de la capital catalana.
Es otra vuelta de tuerca que acompaña las delirantes leyes lingüísticas de la Generalidad, aprobadas también con el concurso de esas fuerzas, socialistas, separatistas y podemitas catalanes. Tras haber burlado la sentencia que dictaba que al menos un 25% del horario lectivo en la enseñanza obligatoria se debía impartir en español, esos partidos y las asociaciones que las administraciones financian generosamente con fondos públicos se han envalentonado hasta el punto de revelar en documentos oficiales y en campañas "cívicas" las auténticas razones del "fomento del catalán", que son erradicar el español, marginar a sus hablantes e imponer a la fuerza el uso obligatorio del catalán, pero no como una herramienta de comunicación, sino como una especie de salvoconducto para distinguir a los "verdaderos" catalanes de quienes no comulgan con las ideas xenófobas y supremacistas del catalanismo.
Tachar de inadaptados a quienes no hablan o no han aprendido catalán, instar a los ciudadanos a denunciar a bares, restaurantes y comercios que no atiendan por defecto en catalán, pedir a los catalanohablantes que no cambien de idioma si otra persona se les dirige en español, tratar de imponer el catalán en la atención a los pacientes, crear la figura de un comisario lingüístico en los hospitales, los cursos de catalán para el personal sanitario, instar a los profesores a que eviten que los niños jueguen en español son solo unos pocos ejemplos de las últimas disposiciones arbitradas por las administraciones o de las propuestas elaboradas por grupos como Òmnium Cultural y Plataforma por la Lengua, entre otros.
Ese despliegue de acciones contra el español se fundamenta en sondeos de parte que vendrían a reflejar que después de cuatro décadas de totalitarismo nacionalista el uso del catalán está en retroceso mientras que el del español se mantiene estable o en crecimiento. Si ese dato es cierto, sólo revela el monumental fracaso de la estrategia de desespañolización de Cataluña del pujolismo y de los gobiernos regionales posteriores a pesar de experimentos socioeducativos tan tortuosos como la inmersión lingüística en las aulas que ha vulnerado el elemental derecho de millones de niños a recibir las primeras enseñanzas en su lengua materna.
La última guía de Òmnium Cultural refleja perfectamente el espíritu de estas normas con "argumentos" tales para adoptar el catalán como que "te identifica como un miembro más de la sociedad catalana", "te permite desarrollar tu vida en Cataluña plenamente y sin limitaciones por razones de lengua" o "porque seguramente no quieres que te identifiquen como alguien que no ha sido capaz de aprenderlo o de adaptarse". Tampoco ocultan que "el catalán es necesario en una sociedad altamente competitiva para estudiar, para trabajar y para participar en la vida pública". ¿Y el español? Sobre el papel es una lengua oficial en Cataluña. En la práctica, un idioma a exterminar. Y todo ello con el decidido apoyo de la versión catalana de Podemos y de los socialistas, que no dudarán en pedir el voto en español mientras maniobran en comandita con los separatistas para identificar a los hispanohablantes como "colonos" y "ñordos", la versión actualizada del despectivo "charnegos".