En esa Cataluña pacificada del final del procés, según la edulcorada versión de Pedro Sánchez, hay gente que prefiere no expresar en público sus opiniones políticas para evitarse problemas y partidos y organizaciones que tienen grandes dificultades para montar actos en la calle. Por ejemplo, las entidades que piden que en las escuelas también se enseñe en español. O los partidos que no comulgan con las ruedas de molino del catalanismo. En ese paraíso de la libertad y de la concordia, decir que Cataluña es una región está fuera del registro normativo. Lo mismo que decir o escribir Generalidad, Gerona o mozos de escuadra. Quienes lo hacen son inmediatamente tachados de fascistas, colonos, ñordos, inadaptados y enfermos. Y quedan fuera de plano no sólo en TV3.
La estricta moral catalanista no tolera la más mínima disidencia. Cataluña es una nación, la Generalitat, una institución milenaria, el Barça, más que un club, España nos roba, los andaluces son hombres poco hechos, el conjunto de los españoles, un desperdicio, y quien opine lo contrario es un enemigo del pueblo y un traidor botiflero. Eso es así en los medios de comunicación autóctonos, en las instituciones y administraciones, en escuelas, institutos y facultades universitarias, en todos los ámbitos públicos.
Por ejemplo, al gobierno de la Generalidad (el Govern) le dio por convocar una "cumbre del agua" a causa de la sequía en la que estaban llamados a participar todos los grupos del parlamento catalán, menos el de Vox. Según los portavoces gubernamentales, a Vox no se le invitaba porque es un partido de ultraderecha y antidemocrático.
Lo primero es opinable. Lo segundo es mentira y una mentira muy grave. Vox nunca se ha salido del marco constitucional, ni siquiera retóricamente. Sus dirigentes no se han limpiado el trasero con providencias del Tribunal Constitucional. Tampoco han elaborado leyes antidemocráticas como todas las que acompañaron al golpe de Estado. Ni siquiera están en contra del Estado de las Autonomías. De modo que si hay algún partido antidemocrático, no es Vox, sino ERC y Junts per Catalunya (JxCat). Si se hubieran salido con la suya en octubre de 2017, qué habría sido de todos esos que escriben Vich o Generalidad, los que piden clases de castellano (porque decir español ofende) en las escuelas o los que no se creen que Hernán Cortés era catalán... A saber. De lo que no cabe duda alguna es de que Vox no sería un partido legal en la república catalana.
Tiene su mérito, pero no es algo inédito. Cuando el PP de Mariano recogía firmas contra la reforma del "Estatut", los del PP catalán eran la extrema derecha, unos auténticos apestados que suscitaban entre los catalanes "normales" una mezcla de asco y pena. Después le pasó a Ciudadanos. En cuanto empezó a crecer y a cuestionar el modelo lingüístico, el catalanismo les señaló como el partido más peligroso de la historia, auténticos enemigos de la humanidad. Ahora todo eso y más es Vox porque es el partido no catalanista con más diputados autonómicos. De modo que en la "cumbre del agua" no se invitó a Vox, pero sí al PP y Ciudadanos.
Todo esto tiene consecuencias. Por ejemplo, cada vez que Vox monta una carpa o lleva a cabo un acto público se tiene que enfrentar con grupos de energúmenos que reproducen el trato que el gobierno catalán dispensa a los diputados de Vox, pero en plan callejero. Y como hay gente que no está para matices, lo mismo les pasa a los del PP y Ciudadanos. Y a la plataforma Escuela de Todos, los estudiantes de S'ha Acabat y Sociedad Civil Catalana, por citar a algunas de las entidades disidentes.
El procés, muerto y enterrado o a la espera de una oportunidad, ha dejado profundas huellas. La violencia contra los no independentistas, entre ellas. El presidente autonómico, Pere Aragonès, no invita a las reuniones parlamentarias a los miembros de Vox, a los que pinta como "skinheads" con bates de beisbol y ese mismo fin de semana, esas bestias pardas tienen que ser protegidas por la policía autonómica ante las amenazas de linchamiento de los "antifascistas" simpatizantes de las superdemocráticas formaciones independentistas. Qué cosas.
Las voces más templadas dentro del consenso catalanista advierten de que eso puede tener efectos electorales contraproducentes, que se les está haciendo la campaña a los "enemigos de Cataluña" y que lo mejor sería ignorar las "provocaciones" de la "extrema derecha española". Porque salir a la calle con la bandera de España es considerado una provocación, igual que pedir enseñanza en español. O decir que Cataluña nunca ha sido una nación, que Puigdemont es un prófugo y no un exiliado y que los independentistas condenados por sedición dieron un golpe de Estado contra la democracia. Y ahora los que dan lecciones de democracia son ellos. Igual que cuando Pujol se puso a dar lecciones de moral tras el caso Banca Catalana. La dictadura de la que hablaba Tarradellas era esto, que se aplauda insultar al niño de Canet y correr a boinazos a los disidentes.