En plena feria de Sevilla, a la que seguirán, o han antecedido, las ferias municipales de la primavera y el verano andaluces, las temperaturas están subiendo por encima de los 30 grados y se espera que en esta misma semana alcancen casi los 40. La previsión de AEMET para el jueves es de una máxima de 39 grados en las calles taurinas del ferial. Ni es la primera vez que tal cosa ocurre ni será la última. De siempre se ha dicho que hay ferias de vino y ferias de cerveza. Las primeras, son de temperaturas bajas y las segundas, de caló. Mucho antes de las cantinelas del cambio climático, esto era y sigue siendo así.
El problema es otro. Llevamos en toda España, pero singularmente en Andalucía, parte capital de la España seca, varios años de sequía, aun no tan horrorosos como los que se vivieron desde 1991 a 1995, al final de los cuales seis millones de españoles que vivían en la mitad sur, de Extremadura, Castilla la Mancha, Murcia y Andalucía padecieron restricciones en los abastecimientos de agua. Todos recordamos cómo, muy especialmente, en los municipios de la Bahía de Cádiz, las restricciones de uso y consumo de agua a lo largo de muchísimas horas del día se prolongaron durante más de tres años.
En 13 años de gobiernos, el PSOE de Felipe González no logró aprobar un Plan Hidrológico Nacional aunque invirtió miles de millones en resolver los problemas derivados de la sequía. El entonces secretario de Estado de Política Territorial, José Alberto Zaragoza, a las órdenes directas de José Borrell, lo intentó. Decía el ya desaparecido "Pepe" Zaragoza que no había solución para el problema del agua en España sin trasvases. No había otro camino que interconectar las cuencas hidrológicas para evitar las deficiencias crónicas del agua, sobre todo en la mitad Sur de España. Los proyectos de Plan Hidrológico eran paralizados en las Cortes y la solidaridad nacional dejaba paso al egoísmo regional. El consenso nacional era necesario o era precisa una mayoría suficiente para dar paso a un Plan Hidrológico Nacional.
La oportunidad llegó en el segundo mandato de José María Aznar que, con un gobierno de mayoría absoluta del PP, logró aprobar un Plan Hidrológico Nacional con participación de todas las Administraciones públicas, de la sociedad civil "a través de un amplio proceso de participación social iniciada con el desarrollo y aprobación de los Planes Hidrológicos de cuenca, la elaboración y discusión del Libro Blanco del Agua, y en las deliberaciones del Consejo Nacional del Agua". Corría el año 2001. Poco tardó el socialista Rodríguez Zapatero en ceder a las presiones nacionalistas catalanas y a las del gobierno socialista de Castilla-La Mancha, sobre todo. En 2005, quedaba derogado en lo fundamental el Plan Hidrológico. Se habló de otras cosas, sobre todo de desaladoras, que aumentaban considerablemente el precio del agua y bastantes de las prometidas ni siquiera se terminaron.
Llegó Rajoy, con una mayoría absolutísima, y no se volvió a hablar de Plan Hidrológico Nacional alguno. Llegó Sánchez y la situación, según ha resumido el presidente de la Junta de Andalucía, el popular Juan Manuel Moreno (que no parece recordar que fue Rajoy quien le puso en el cargo), el gobierno de coalición social-comunista-separatista ni quiere pantanos, ni quiere trasvases, ni quiere desaladoras. Como no quieren ni a España ni a una España de todos, no quieren un Plan Nacional del Agua o como llamemos al plan que acabe con la miseria hídrica de media España.
Y entonces salta el asunto Doñana y Doñana para arriba, Doñana para abajo, como si ese fuera el principal de los problemas del Sur nacional. Y los tecnócratas europeos intervienen, tela, y Pedro Sánchez se monta su chiringuito electoral. Pronto sacará al lince de su chistera y venga cachondeo. Pero en la mitad Sur de lo que ya no sé si llamar en serio nación española —¿puede haber una nación digna que sea incapaz de conseguir que su Estado asegure la igualdad de sus ciudadanos ante un bien general como el agua?—, ni llueve, ni se desala, ni se construyen pantanos, ni se trasvasa agua sobrante de otras regiones, ni nada.
En la antesala de unas elecciones municipales y autonómicas, cuyos candidatos deben considerar el problema de la sed de las familias y de las tierras de sus territorios y términos, ¿a quién votar? Pues miren ustedes, la respuesta es sencilla. Hay que votar a los partidos que propongan y detallen un Plan Hidrológico Nacional que incluya trasvases, desaladoras, pantanos y lo que haga falta para terminar de una vez con esta ignominia. Hay que votar en defensa propia.