Desde que se convocaron oficialmente las elecciones del próximo 28 de mayo el pasado 3 de abril, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ya ha comprometido cerca de 10.000 millones de euros en promesas electorales y nuevos programas de gasto, anunciados en mítines y certificados cada martes en Moncloa. Sólo en promesas inmobiliarias, Sánchez ha comprometido ya 4.760 millones de euros en el último mes.
Aun así, lo grave no es sólo que el presidente del gobierno trate de comprar el voto con el dinero del contribuyente, ya sea para alquilar o adquirir viviendas, ya sea para regalar "bonos culturales" a los jóvenes, o para pagarles el 50% del coste del Interrail para que puedan viajar barato este verano por Europa: aun es peor la legislación con la que este gobierno social-comunista y sus socios separatistas han dinamitado las bases del mercado de la vivienda, como son la seguridad jurídica, los derechos de propiedad y la libertad contractual, con una norma que, lejos de promover la oferta de vivienda, va a facilitar aun más la okupación, intervenir los precios de los alquileres o elevar la presión fiscal a los dueños de los pisos.
A ello se suma la propuesta de Sánchez de que el ICO —léase los contribuyentes— avale hasta el 20% de las hipotecas a menores de 35 años y familias vulnerables: esta medida, que no por demagógica deja de ser injusta, va a encarecer todavía más la vivienda, tal y como sucedió en Gran Bretaña, pues, lejos de estar destinada a aumentar la oferta de vivienda va a estimular la demanda de compra al trasladar el riesgo de impago del hipotecado al conjunto de los contribuyentes. La medida podrá ser del agrado de los bancos —razón esta última por la que los socios podemitas muestran su rechazo— pero no va dirigida a atajar la raíz del problema de los altos precios que no es otro que la insuficiente oferta de vivienda en relación a su demanda: y eso no se soluciona con intervencionismo y dinero del contribuyente, sino mediante la liberalización del suelo urbanizable, reduciendo impuestos y dando libertad y seguridad jurídica a los propietarios que se resisten a alquilar o a vender sus casas vacías.
Claro que peor aún es la fórmula de Podemos para aumentar la oferta de vivienda, que no es otra que expropiarla; eso, por no hablar de su demagógica propuesta de crear una cadena pública de supemercados que llamarían de "precio justo". Vamos, el mismo populismo con el que los tiranos y demagogos de siempre han buscado el apoyo de las masas; sólo que nuestra izquierda, a su oferta de pan y circo, le ha añadido la de vivienda.