Rosa Díez, en su reciente libro Caudillo Sánchez, describe al presidente del Gobierno como un ser con una desviación de la personalidad propia de lo que en psicología clínica se denomina ‘la triada oscura’: psicópata, maquiavélico y narcisista. Anda acertada. Pero, por mucha inquina que nos produzca alguien así, hay que reconocer que, en ocasiones, Sánchez tiene razón.
En el Gobierno se recibió como una gran noticia que CCOO y UGT hubiesen alcanzado un pacto de rentas con la patronal. No calcularon que el taimado presidente de la CEOE se la tenía guardada y el chasco fue mayúsculo: "Ustedes no pintan nada aquí", vino a decirles. Berrinche de Sánchez y su vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Díaz, al conocer el desplante y su ausencia en la foto del "triunfo del diálogo frente a la crispación". Los sindicatos no dijeron ni mu y eso que se cuenta que Sordo es el brazo sindical de Sumar. Él lo desmiente con sus gestos. A Bolaños, un feo así le ha costado un cólico. Sin embargo, en esta ocasión a los repudiados les asiste la razón. Verán ustedes por qué.
Desde marzo de 2019 hasta diciembre de 2022 la dirección de la UGT ha recibido del Estado 42,5 millones de euros. Pónganle ustedes lo mismo a CCOO y tres cuartos a las patronales. Unos 140 millones. Una pequeña parte del monto total que se embolsan las organizaciones territoriales de sindicatos y empresarios, que no baja de los 500 millones.
Para el caso que nos ocupa, "el dialogo social", la UGT percibió 5.799.130€. En noviembre de 2019 se le adjudican 1.749.962€, vía Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en la Convocatoria Dialogo Social y Negociación Colectiva y en 2021 esa cantidad se incrementa hasta los 4.049.168,27€. Además está el millón cuatrocientos mil de la participación institucional. Esto de la participación consiste en que vas a un organismo autónomo del Ministerio de Trabajo, el SEPE por ejemplo, te sientas, te ponen unas pastitas, dices que la cosa está muy mal, que esto no funciona y tal. Bueno, pues ya has facturado. Después están los 220 mil por ir a pintar la mona al Consejo Económico y Social y suma y sigue. Patronal y CCOO lo mismo, aquí no hay disputas.
Ya me dirán ustedes si no es de desagradecidos dejar a Sánchez y Yolanda sin foto. ¡Si la pagan ellos!
Los sindicatos y la patronal han rellenado treinta y dos páginas de lugares comunes y enunciados para escabullir que los salarios suben el 4% en 2023. Solo han tardado dos años en ponerse de acuerdo. El anterior, el acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, se firmó el 17 de julio de 2018 y terminó su vigencia en 2020. Mientras, los trabajadores han perdido 3 puntos de poder adquisitivo en 2022 (la subida salarial media fue del 2,7% y la inflación del 5,7%). Según un reciente informe de la OCDE, España es uno de los países desarrollados donde los salarios reales más caen por la inflación, solo superado por Grecia. En los tiempos de Camacho y Nicolás, los negociadores de los sindicatos no se hubiesen atrevido a presentar un texto así. Sucede que Álvarez y Sordo se han pasado tres años amenazando con movilizaciones de "alto voltaje", "sostenidas en el tiempo" y tonterías así. Llegan agotados de tanta bravuconería al final de la legislatura. Si cambia el ciclo político no tienen un burladero donde resguardarse. CCOO y UGT carecen de capacidad para conflictos prolongados. Una huelga general contra la derecha vende a la parroquia. Pero es muy distinto convocarla en Prisa o en el sector financiero. Mejor firmar ahora.
El PP y Feijóo se equivocan si creen asegurada eso que llaman "la paz social", concepto que al contribuyente le sale por un riñón. Y se equivocan, porque ninguna de las huelgas generales convocadas en España ha estado motivada por una disputa salarial. Al presidente Aznar, UGT y CCOO le organizaron dos huelgas generales en su segunda legislatura. Una por el subsidio de desempleo; a los diez meses por la Guerra de Irak. A Mariano Rajoy, otras dos. La primera, en plena crisis económica, con España a un paso del rescate, el 29 de marzo de 2012. La reforma laboral fue la excusa. Pero el motivo era otro. En Andalucía se habían convocado elecciones autonómicas para el 25 de marzo y al PSOE, que presentaba a Susana Díaz, le pintaban bastos. La huelga general fue un factor de movilización decisivo en la campaña electoral andaluza. El presidente del PP haría bien en consultarlo con sus asesores sindicales.
Así que de "paz social", nada. Mantener la mamandurria es lo único que la asegura y ni por esas. Si la izquierda huele crisis política, los sindicatos actuarán. Feijóo tendrá su conflicto.