El movimiento ultraizquierdista implantado en España por un puñado de esbirros chavistas, liderados por Pablo Iglesias, se ha distinguido, desde su mismo origen, por utilizar la violencia callejera contra sus adversarios políticos. Las campañas de acoso mediático y las agresiones de todo tipo a los dirigentes y militantes de otros partidos son la seña de identidad de Podemos que, durante los años más duros de la recesión económica, utilizó el rencor y la propaganda para colarse en las instituciones democráticas, su gran objetivo. La basura podemita sigue ejerciendo su matonismo callejero como la banda de la cachiporra marxista que siempre ha sido, con la diferencia de que ahora lanza sus campañas de hostigamiento desde el poder.
Es intolerable que un partido político pretenda asesinar civilmente a un ciudadano privado por el hecho de ser hermano de la presidenta del Ejecutivo madrileño, convertida en la bestia negra de los ultraizquierdistas por la manera en que los vapuleó en las pasadas elecciones a la Comunidad de Madrid. En el caso de Podemos, el odio obedece a la manera en que aniquiló a su líder en las elecciones anticipadas de 2021, al que envío al último lugar del parlamento autonómico, provocándole un estropicio mental de tal calibre que lo llevó a dimitir al día siguiente, incapaz de soportar la humillación.
Es inaceptable que la banda bolivariana cuelgue una pancarta gigante con la imagen del hermano de Díaz Ayuso, que envíen a sus esbirros a acosarlo por la calle o que una ministra exhiba una camiseta con su foto en el Congreso con la tranquilidad que le otorga su inmunidad parlamentaria. El acoso a los ciudadanos privados desde el poder es propio de los regímenes comunistas, de los que procede precisamente el movimiento podemita. Pero estamos en una democracia consolidada en el seno de la Unión Europea, no en una dictadura caribeña, aunque Iglesias y sus secuaces lleven años tratando de convertirnos en una sucursal de Caracas.
La Fiscalía General del Estado, tan veloz a la hora de perseguir leyendas urbanas fabricadas por el victimismo patológico izquierdista, debería cumplir por una vez con su obligación y poner fin a una persecución intolerable de un ciudadano al que, además, la Justicia exoneró de toda responsabilidad en el caso que citan los podemitas en sus pancartas ofensivas. Con más motivo estando a las puertas de unas elecciones en las que, por otra parte, los bolivarianos tienen muchas posibilidades de quedarse fuera del parlamento madrileño, una circunstancia que contribuiría notablemente a la higiene democrática de la institución.