Y, parece lógico, por lo que no procede combatirlo, mientras haya quienes, con poder, se beneficien de la desigualdad. Sin pretender dar ideas a los animalistas, qué ocurriría si la ley de caza, por ejemplo, la hicieran las perdices. Simplemente, los cazadores venderían las escopetas.
Se preguntarán, y con razón, a qué viene hoy, la referencia a las perdices.
Pues, porque, si nos parece lógico que las perdices tratasen de protegerse si promulgasen la ley de caza, porqué tenemos que pensar que los humanos, cuando legislan –leyes, decretos, órdenes ministeriales…– se convierten en espíritus puros, ajenos a cualquier preferencia personal, sobre los efectos de las normas emanadas de su actividad legislativa/reguladora.
Estamos en un período de precampaña/campaña electoral, que sea cual fuere su resultado, implicará el cese del actual gobierno y la designación de uno nuevo, del mismo signo o de otro, que gobernará en la próxima legislatura.
Así es la vida, unos marcharán y otros vendrán, siendo inevitable que la sociedad se pregunte acerca del futuro inmediato de quienes tengan que marcharse.
Se mire como se mire, están ante una pérdida de ocupación; situación nada extravagante, en la que se encuentran miles y miles de españoles cada año, en sus diversos empleos.
Todos tenemos presente, al menos en sus principios, la condición general del cese en la actividad laboral, regulada por el Estatuto de los Trabajadores o por el de la Función Pública. Pero ¿y los miembros del gobierno que, en hipótesis, tengan que marcharse?
¿Quiénes son y cómo les afecta?
A la cuestión de quiénes son, responde la Ley 4/1974 de 13 de febrero –ley franquista, aunque, tratándose de dinero, no importa– estableciendo que son los exministros del Gobierno y asimilados.
En cuanto al cómo les afecta, responde la Ley 74/1980, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1981, en su artículo diez, número cinco, norma primera, fijando que los cesados percibirán, por un plazo igual a su desempeño en el cargo, sin superar las veinticuatro mensualidades, una pensión indemnizatoria igual al ochenta por ciento de las retribuciones habidas en el mismo…
¿Creen que la ley sería la misma si la hubieran propuesto los pescadores de altura, los obreros de la construcción, los mineros… en lugar del Consejo de Ministros? Tengo dudas muy fundadas.
Y ¿qué es eso de pensión indemnizatoria? ¿Pensión o indemnización? Ambos términos tienen poco que ver. ¿Si se tratara de pensión, de qué tipo: jubilación, incapacidad permanente… o, simplemente, no contributiva, para mayor ignominia? En todo caso dos, tres o cuatro años en el cargo, no parece puedan conferir derecho a semejante percepción durante dos años; al menos si todos fuéramos iguales.
Si se tratase de indemnización por la pérdida del empleo, ya saben que, los mortales, distinguimos entre las causas del despido, oscilando la indemnización desde doce a veinte y hasta treinta y tres días, por año trabajado, según los casos; nunca el 85% de lo percibido trabajando, durante las veinticuatro mensualidades siguientes al cese. Además, ni siquiera importan las causas de éste.
O sea, claramente, tampoco somos todos iguales, ante la pérdida de empleo.