Entre los mayores peligros para la convivencia y la igualdad de los españoles destacan sobremanera las políticas lingüísticas de los gobiernos autonómicos de aquellos territorios donde hay dos lenguas oficiales. Con ligeros matices, dichas políticas consisten en la discriminación sin paliativos del idioma español y en la vulneración sistemática de los derechos de los castellanohablantes en todos los ámbitos públicos. El problema comienza en las guarderías, atraviesa todos los estadios de la enseñanza y culmina con la imposición de severos requisitos lingüísticos en todo aquello que tiene que ver con la función pública, desde la administración a la sanidad. De ahí que se pueda considerar sin temor a la exageración que el español está denostado y es demonizado e incluso perseguido en amplias zonas del territorio nacional.
A la sistemática vulneración de derechos que sufren los padres que pretenden que sus hijos aprendan y estudien en español en Cataluña, Valencia, Baleares, Navarra, el País Vasco y Galicia se unen las normas lingüísticas que rigen para acceder a puestos de funcionario o para ejercer la medicina, lo que da pie a episodios tan penosos como el señalamiento del niño y la familia de Canet que lograron que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) sentenciara que el 25% de la educación obligatoria se debía impartir en español. En el plano sanitario, esas normas a favor de las lenguas regionales han causado importantes estragos en la sanidad. Por ejemplo en la balear, hasta el punto de dejar a los pacientes de cáncer en Ibiza sin oncólogos, tal como entre otras cosas ha subrayado en esRadio el candidato de Vox al Congreso Jorge Campos.
El español, que es un idioma de creciente prestigio en todo el mundo, es sistemáticamente maltratado en las citadas regiones y sus hablantes sufren toda clase de discriminaciones por parte de las administraciones, obligadas a atender y a prestar sus servicios en el idioma de elección del ciudadano, no en el que dicten los partidos separatistas y nacionalistas, sus sindicatos y sus entidades "culturales". En ningún otro país del mundo la lengua común es despreciada en partes de su territorio. En ningún país del mundo se vulneran los derechos de los hablantes de esa lengua común como en España. En ningún otro país partidos que se definen como nacionales permitirían los ataques que sufre aquí la lengua nacional, factor de cohesión e igualdad que regionalistas, nacionalistas y separatistas desprecian y marginan sin que los sucesivos gobiernos de la nación hayan creído necesario intervenir.
La inmersión lingüística que empieza en los primeros estadios de la enseñanza es un ataque frontal contra los derechos de la infancia, de las familias y de todos los españoles. De igual modo que los requisitos lingüísticos que se imponen en los ámbitos públicos y se trasladan a los privados en forma de legislaciones que priorizan las lenguas regionales en los desempeños de cara al público. La situación es tan dramática y disparatada que afecta a los hablantes del español en amplias zonas de España, lo que les convierte de facto en extranjeros en su propio país.
Es de vital urgencia que se legisle para impedir la consolidación de modelos discriminatorios contra el idioma español, para que las familias que viven en territorios con dos lenguas oficiales puedan elegir el idioma en el que quieren escolarizar a sus hijos y que se ponga coto a los requisitos lingüísticos que lo único que pretenden es el adoctrinamiento y fomentar el separatismo. Una ley nacional que garantice la enseñanza en español en toda España tiene que ser la prioridad del nuevo Gobierno a fin de acabar con las dictaduras lingüísticas de los regímenes territoriales nacionalistas, poner fin a cuarenta años de inmersión y discriminación y limitar las competencias en materia educativa que vulneran los derechos y la igualdad de los españoles. Ese cambio es tan urgente como imprescindible para la unidad y para la convivencia.