Nuestra clase política lleva años agrediendo el marco constitucional, desmontando los equilibrios de poderes y violentando el Estado de derecho, que admitámoslo, está ya en escombros por mucho que se intente ocultar citando rankings o estudios internacionales.
Las agresiones vienen de lejos, cierto es, pero el ataque serio se intensifica a partir de 2017 con ocasión de los acontecimientos por todos conocidos en Cataluña. En Europa no se había visto un intento de golpe de Estado así organizado desde hacía mucho tiempo. Ante la afrenta, primero optamos por medio silenciarlo de cara al exterior por la vergüenza que producen nuestros totalitarios autóctonos y nuestra avería institucional, y luego nos empeñamos en atenuar la responsabilidad de los actores e ideólogos, que ahí siguen viviendo como reyezuelos y hasta condicionando nuestros destinos. Todos conocemos la historia del sainete político, judicial y también diplomático acaecido e inacabado.
Desde entonces, los ciudadanos hemos comprobado la falta de voluntad o la incapacidad manifiesta de los gobiernos para hacer cumplir la Ley con toda su amplitud e intensidad. En el plano meramente político nos encontramos poco después con una curiosa moción de censura que veíamos venir todos menos quienes tenían la obligación de evitarla, y acto seguido, unas elecciones que arrojaron una conformación parlamentaria y de gobierno, que ha acelerado la agresión constitucional. No ya desde un territorio o desde un gobierno autonómico concreto, sino desde el propio Gobierno de la nación. Teniendo en cuenta el perfil de quienes formaron ejecutivo y el control del legislativo a nadie le debe extrañar.
Resulta hasta odioso enumerar los numerosos actos de abuso, desprecio y violación constitucional de estos años, colonización del Tribunal Constitucional incluida con miembros del propio Gobierno. Y no está de más recordar que quienes no denuncian lo sucedido con firmeza o tienen un diagnóstico que atenúa y hasta justifica este asalto, se tendrán por estudiosos y teóricos constitucionalistas, inclusos custodios del sistema y sus esencias. Sepan que otros sabemos que sólo son orgánicos al servicio del poder, meros colaboracionistas de las estrategias en beneficio de sus amos.
Sea como fuere, después de muchos episodios amargos y sinsabores, también de una sobredosis de ideología en el BOE sin precedentes, llegamos al caluroso verano con unas elecciones generales que nunca se iban a anticipar según el ya maestro universal del engaño. Y veo con asombro que en este ansiado periodo electoral se hayan ignorado ante la ciudadanía y en la opinión pública las cuestiones gravísimas sobre las que deberíamos estar discutiendo y reflexionando. Medios, plumas y partidos han conseguido centrar el debate en el género y en el apocalipsis zombie en forma de extinción de derechos que llegará a España si ese partido innombrable, el que nadie debería votar, ese reflejo apócrifo del espejo que apuntaba sabiamente Antonio Escohotado, alcanza cuota de gobierno.
Intuyo, temo, sospecho, que en este contexto, es decir, en mitad de un asalto nunca visto al Estado constitucional, los gobernantes de la opinión pública han optado por un enfoque procrastinador, apostando por aquello de ir entendiéndose como buenamente se pueda y no asumir la denuncia primero, y el deber de restitución del daño ocasionado y con restablecimiento del Estado de derecho y la racionalidad normativa, después. Exorcizando a quienes sí lo advierten y reclaman, mirando más bien hacia otro lado, a eso llaman moderación, para acabar refugiándose, qué sé yo, en la reducción del déficit o en cuestiones impositivas o ese subterfugio que es la gestión. Va a ser, ya lo está siendo, otra terrible derrota del Estado de derecho, y consecuentemente, otra victoria de quienes consideran las necesidades políticas prioritarias a la legalidad misma. Me pregunto hasta si tendremos mesa de negociación…
Termino destacando que ha causado sonrojo ver cómo en la práctica totalidad de medios, en sus múltiples formatos, ha reinado el proyecto procrastinador. Ese que, según creen y nos hacen creer, consiste en que hay un enemigo mayor y más cualificado: el partido innombrable, que a decir verdad, con mejores o peores formas, de un modo más o menos atinado, no ha hecho otra cosa que denunciar esta legislatura la constante agresión a la Constitución, a las reglas del parlamentarismo, la necesaria transparencia en el ejercicio del poder y, en definitiva, la amenaza que sufre el ya mermado sistema democrático en su conjunto.
Decía Vargas Llosa hace poco que debemos votar bien. Yo no sé exactamente qué significa eso y si algo así tiene sentido, la verdad. No he votado nunca, así que me falta seguramente experiencia. Sé que también está aquello de votar para elegir lo preferible y descartar lo detestable. Tiendo a pensar que uno debe votar lo que mejor considera en función de sus preocupaciones y también para autotutelarse del poder organizado, y hacerlo pensando a varios lustros vista. Tal vez por aquello de que somos enanos a hombros de gigantes y debemos alcanzar a ver más lejos. Hoy, ver más lejos siento que consiste en mirar bien cerca para identificar y desvelar a los auténticos tiranos.