Han sido unos comicios con una excitación y fervor inusuales. Puede pensarse que algunos se jugaban mucho más que un simple cambio de oficio, o que en verdad este ambiente es acorde con lo que se viene cultivando en nuestra política desde hace tiempo. Esto explica el protagonismo sin precedentes de los organismos electorales y el enconamiento de algunas posiciones. No se entiende bien, en cambio, el fracaso sonrojante de las casas demoscópicas, que ha recordado el de las agencias de rating en tiempos de Enron o Lehman Brothers.
En estas elecciones generales hemos conocido una tensión nunca vista en los servicios postales, además de un sospechoso aumento del censo exterior, un misterioso incidente en las comunicaciones entre dos de las principales ciudades del país el mismo día de votación e innumerables quejas de personas que se encontraban desplazadas por vacaciones el día de sufragio.
Quienes hacen caso o prestan atención a los medios de comunicación han vivido una alarma antifascista durante todos los días de precampaña y campaña, en todos los medios de comunicación, que han monitorizado como nunca habíamos visto los hechos noticiables para controlar y monitorizar la orientación del voto. Los más atentos a estos procesos también han podido comprobar las enormes dificultades para hacer llegar en tiempo la documentación electoral a los residentes ausentes, muchos de ellos regresando a España de vacaciones mientras llegaban a sus domicilios o residencias en el exterior los papeles, quedando así impedidos para ejercer el voto.
La sombra de duda sobre proceso electoral ha sobrevolado desde la convocatoria misma. Y al final pocos han quedado al margen de ella. Así, estos días sabemos de una especie de dispositivo en Madrid para asegurar (¿?) el correcto escrutinio en "el escaño 162, así lo ha llamado alguna prensa. Mientras escribo estas líneas parece que ese escaño aún estaría en baile.
Las dudas, incertezas e incógnitas han alcanzado al final hasta a los promotores de las elecciones. Los mismos que han acusado vehementemente a quienes insinuaban irregularidades, deficiencias o anomalías en el proceso, ahora recurren a la Junta Electoral Central para pedir recuentos de papeletas por el disputado escaño del Sr. Cayo. No sabemos cuántos disputados votos de ese señor habrá en el resto de circunscripciones, claro. Se han centrado sólo en uno que puede ser muy valioso, aunque desde Canarias parecen dispuestos al rescate y que no sea así.
Todo lo acontecido este mes de julio evidencia, salvo para fanáticos, orgánicos, y aquellos que en sus mentes les salen las cuentas de cara a una investidura y todo lo demás poco o nada les importa, lo anómalo de las elecciones del pasado día 23. Y no deberíamos pasar un tupido velo y a otra cosa.
Pero a nuestros tiranos se les cubren y consienten ya todas sus fechorías. Hemos llegado a la política total como ya he desarrollado en otros artículos. Tan propia de otros regímenes en los que la presión puede con la razón y hace sucumbir a quienes tienen la responsabilidad de denunciar con la firmeza necesaria y debida estas operaciones. No parecen ya capaces de hacerlo, vaya a ser que se les acuse de cualquier calificativo de esos que conocemos todos. Basta entonces mencionar el nivel de participación, que ha sido cuatro puntos más que en 2019 pero que perfectamente podía haber sido ocho o nueve, y no citar ni tampoco informar o insistir, en detalle, sobre las anomalías sucedidas. Quedamos todos como espantamoscas y a otra cosa, que además es verano.
Nadie habla ya de los miles de ciudadanos que nos hemos quedado sin votar porque la documentación no llegó a tiempo a nuestras residencias, o incluso llegando, ya estábamos muy lejos. Tampoco sabemos cuántos son aquellos que cesaron en el empeño, disuadidos por lo farragoso de los trámites, ante las dificultades logísticas o las eventualidades que se encontraron por lo exótico de la fecha elegida. Se contarán en cualquier caso por miles. Y por supuesto, ignoramos cómo afecta todo esto al singular sistema de circunscripciones de nuestro país. La atención ya está en otras cuestiones. Seguramente así deba ser, no lo sé, pero quede constancia de la duda razonable y la sensación de rareza por todo lo acontecido.
El ejercicio de un derecho fundamental, como es el derecho de sufragio, no debe estar tan condicionado y tensionado como ha sucedido estas elecciones. Estos derechos, los fundamentales, se deben ejercer sin excesivas dificultades y no deberían quedar expuestos al tacticismo del poder dificultando así su ejercicio. Es el sistema mismo el que debe asegurar sin la más mínima dificultad su efectividad. La libertad de expresión, de circulación, intimidad, reunión… Todos son derechos que se pueden limitar por causa justificada, claro está. No debe suceder así con el derecho de sufragio en unas elecciones generales salvo por los requisitos previos de edad y nacionalidad.
He visto, eso sí, a no pocos entendidos en Derecho, oráculos y chamanes que aparecen en columnas y también en hilos en redes sociales, discutiendo sobre la viabilidad de una reforma legal para evitar que los meses de verano se nos convoque a elecciones generales. La mayoría de son afines al partido del poder. Incluso ellos han visto en esta convocatoria una técnica disuasoria en el ejercicio del derecho al voto.
A nadie, en principio, le parece bien ni razonable esto de votar un 23 de julio. Cierto es que ahora no les parecerá mal a aquellos que les han salido los números. En cualquier caso, el artículo 115 de la Constitución reza claramente que el decreto de disolución del Presidente de Gobierno fijará la fecha de las elecciones, por lo que una ley no podría disponer algo contrario. Lo que nuestro constituyente de 1978 no pudo prever es tamaña mala fe de nuestra dirigencia por el cálculo político que se traduce, a mi parecer, en una disuasión del voto, algo contrario al núcleo esencial de ese derecho de sufragio y al sistema democrático mismo.
El precedente que hemos vivido, al margen del resultado, es nefasto. Pero tampoco debe sorprender a nadie visto el modo de ejercer el poder estos últimos años, la búsqueda continua de los subterfugios, el tensionamiento del ordenamiento jurídico, el inconmensurable ascenso de comisariados políticos en organismos públicos y de control, en instituciones y también en medios de comunicación. La complacencia y alineamiento de éstos con aquello que dictan los argumentarios y los tiempos del poder es ya insólita, arrojando una cierta desgana de una sociedad civil ya casi inexistente. Faltaba sólo operar de modo marrullero en unas elecciones generales y así ha sido.
Estas elecciones, por no decir toda la legislatura, han recordado aquello que avisó J.F. Revel cuando citaba el fenómeno de "la mentira desconcertante" que había sido tratado a su vez por Ante Cilaga en los tiempos de la Unión Soviética. La exposición de los ciudadanos a enormes fuerzas creadoras, enormes verdades y relatos puestos en circulación al servicio del poder, dominadas implacablemente por mentiras una tras de otra. Sin ir más lejos, el diario El País ya comenzado ya a deslizar lo mal que trata el sistema de financiación a Cataluña y a los catalanes.
Algunos, seguramente demasiados, no han visto a tiempo aquello de que la falsedad nunca ha impedido prosperar unas opiniones cuando van apoyadas por la ideología y son protegidas por la ignorancia. Esas opiniones, machaconamente repetidas, saben que condicionan todo lo demás. Y por eso se puede cambiar de régimen sin cambiar de sociedad como se puede cambiar de sociedad sin cambiar de régimen. Este es el programa en el que estamos subidos.
Tengo que volver a recordar que dos opciones quedan al común de los ciudadanos que sea consciente de estos acontecimientos y se preocupe por la libertad, por su familia y por sí mismo. Sucumbir ante el programa, es decir, la absurda obediencia, o desaparecer dejando las menores pistas posibles.