La enseñanza del español en la educación obligatoria de Cataluña se ciñe a la asignatura de lengua española, o castellana, como prefieren los independentistas. Eso está escrito en el aparato legislativo autonómico y es un hecho incontrovertible en los centros públicos y en los concertados. Es más, las autoridades autonómicas se jactan de ello sin recato alguno, como si lo más normal del mundo fuera reducir la lengua materna de más de la mitad de la población a la categoría de idioma extranjero. La inmersión lingüística en catalán es, de hecho, el principal santo y seña del nacionalismo. El sistema se aplica como una apisonadora con propósitos políticos. En los sueños húmedos del catalanismo, el día que desaparezcan el idioma y la cultura españolas de Cataluña ya no será necesario ningún referéndum. Y ese es el gran objetivo de lo que llaman "escola catalana".
En los últimos tiempos, decenas de familias se han atrevido a cuestionar ese modelo y han recurrido a la justicia para tratar de que sus hijos pudieran disfrutar de una educación vagamente bilingüe, mayoritariamente en catalán pero también en español. La libertad de elección de lengua ni siquiera se contempla en el ordenamiento autonómico. La respuesta de la Generalidad ha sido acosar a dichas familias con todos los medios a su alcance y con el apoyo entusiasta de los partidos y las organizaciones separatistas que viven del erario público. Casos como el del niño de Canet ilustran a la perfección los riesgos y las consecuencias de pedir enseñanza también en español. Si la administración autonómica fuera mínimamente neutral, no serían decenas sino miles de familias las que se atreverían a pleitear contra un modelo educativo basado en el odio a España y en la discriminación de los niños cuyo idioma materno es el español.
Las sentencias y las medidas cautelares a favor de un 25% de enseñanza en español en la enseñanza obligatoria emitidas por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) han topado con la virulenta reacción de la Generalidad y de los partidos y entidades separatistas, que no han tenido el más mínimo reparo en señalar y acosar a las familias "disidentes" y lo que es aún peor, a sus hijos. Este mismo miércoles, el TSJC emitía un auto en el que obliga a un centro de Gerona a satisfacer las demandas de una familia en relación a un mínimo de horas en español para su hijo. Al trascender la noticia, el primero en poner el grito en el cielo ha sido el prófugo Puigdemont mientras los medios separatistas se lanzaban a identificar la escuela afectada por las medidas cautelares. Y todo ello a pesar de que en el auto se instaba a la Generalidad y al centro a "preservar la identidad y la intimidad de la parte recurrente y su hijo".
El mensaje del expresidente de la Generalidad es todo un compendio de las mentiras, ocultaciones y amenazas del separatismo en materia lingüística. Dice así: "Van deconstruyendo consensos sociales y políticos por mero supremacismo lingüístico y aún piden que les sigamos dando cheques en blanco porque 'hay que frenar a la derecha'. ¿Nos pueden explicar qué han hecho todos estos años para detener a la derecha judicial? ¿Qué han hecho para respetar la política lingüística aprobada y consensuada con la mayoría de los catalanes? Tenían los votos, tenían la llave y tenían todo el poder... pero el catalán recula empujado por la ofensiva oficial del Estado. No se puede repetir este esquema si se quieren tener resultados diferentes".
No existe consenso social alguno. En todo caso político, pero Puigdemont esconde el hecho de que el PSC de Sánchez e Illa votó a favor de modificar la legislación lingüística autonómica para eludir la aplicación del fallo del TSJC y que uno de los acuerdos de la famosa "mesa de diálogo" entre el Gobierno y la Generalidad fue blindar la inmersión lingüística en catalán. A Puigdemont, como buen golpista, le parece que el Gobierno no ha hecho lo suficiente para frenar a la que califica de "derecha judicial". Claro. Lo dice el presidente de la Generalidad que en las "leyes de desconexión" de 2017 se atribuía la competencia de nombrar a los jueces de la república catalana.
En Cataluña, la lengua es el tema y Pedro Sánchez ya ha dado sobradas muestras de que ese tema no va a ser ningún problema en su relación con ERC y con el partido de Puigdemont. Los partidos separatistas aspiran a una sociedad monolingüe y sólo el peso cultural del español en el mundo ha impedido su desaparición en Cataluña. Ningún Gobierno de España en los últimos cuarenta años ha hecho nada para frenar el "apartheid" escolar y social contra los castellanohablantes. Sin embargo, la resistencia, término acuñado y popularizado por Antonio Robles, sigue en pie. Ahora es una familia de Gerona la que está dispuesta a soportar el señalamiento, el acoso, la presión y los insultos del separatismo en todas sus versiones. No está sola, pero casi.