El sector primario en España está en una situación límite, pero no se puede decir que las administraciones públicas no hagan nada. Precisamente son las culpables. Agricultores y ganaderos no pueden más, aplastados por una actividad legislativa incesante y asfixiante, motivada en gran parte por cuestiones medioambientales y de bienestar animal que ignoran la realidad del campo, incrementan los sacrificios de los productores y reducen la rentabilidad de sus actividades hasta límites irrisorios. Dicha hiperactividad legislativa llega hasta el extremo de que agricultores y ganaderos se ven forzados a realizar costosas inversiones para adaptar sus actividades a los cambiantes criterios cuando aún no han podido amortizar las inversiones previas.
A la pérdida de rentabilidad motivada por la catarata de normas comunitarias, estatales y autonómicas se debe añadir la nula inversión de dichas administraciones en infraestructuras que garanticen el suministro de agua. Mientras exigen a los empresarios y autónomos del sector primario que inviertan sus escasos beneficios en la adaptación de las explotaciones a las nuevas leyes, los gobiernos eluden sus obligaciones en materia de políticas hidráulicas y agudizan los efectos de la sequía.
Los agricultores y ganaderos se sienten, además, perseguidos, sometidos a unos controles que nada tienen que ver con los exigidos en países como Marruecos, que aprovechan las trabas del sector primario en España para colocar productos en los mercados españoles que carecen de las garantías sanitarias que nuestros agricultores cumplen a rajatabla. Y mientras España se ve forzada a importar alimentos que se producen aquí, nuestros productores se ven obligados a renunciar a sus beneficios e incluso a abandonar sus explotaciones.
En ese contexto, España ha perdido en los últimos siete años 18.500 agricultores y ganaderos autónomos, según estadísticas del propio Ministerio de Trabajo. La ausencia de rentabilidad, el trabajo a pérdidas en definitiva, impide el necesario relevo generacional y aboca al campo español a una situación terminal mientras los lineales de los supermercados se llenan de productos de dudosa calidad, nulos controles y que suponen un riesgo para la seguridad alimentaria de los consumidores, como se ha demostrado recientemente con las sandías procedentes del norte de África. Además, cada vez es más difícil encontrar producto nacional en los establecimientos alimentarios. Pero es que por si fuera poco, ese producto importado no es precisamente ni más barato, ni más sostenible ni mejor que el nacional, sino todo lo contrario
La burocracia está matando al sector primario español, empujando a empresarios y trabajadores al abandono de la actividad y sitúa a los consumidores en una posición de absoluta indefensión. Urge una revisión a fondo de las políticas relativas al sector, una normalización legislativa que impida el solapamiento de normas y garantice unos mínimos de estabilidad y rentabilidad, así como inversiones que contribuyan a una eficaz distribución de los recursos hídricos, planes que en lugar de dificultar las actividades de los profesionales rurales les aporten soluciones y recursos en vez de tratarles como sospechosos habituales y expulsarles de los campos. Ellos son los primeros interesados y los que más trabajan por la conversación del sector, del paisaje, por la equidad económica y la calidad de los alimentos.
Grandes y pequeños productores, empresarios, autónomos y trabajadores del campo merecen no ser tratados como delincuentes medioambientales en potencia, merecen un marco legislativo estable y justo, merecen que sus inversiones sean correspondidas con inversiones públicas, merecen que no se les discrimine y merecen administraciones que les defiendan y prioricen los productos nacionales en vez de ampararse en toda esa retórica falsa de la proximidad, el kilómetro cero y las peras "ecobiosostenibles".