Durante años en amplios sectores del centro derecha muchos han pensado, hemos pensado, que el modelo de las autonomías era el gran error de la Constitución del 78 y que por su culpa España sufre el embate del secesionismo de una forma mucho más dura que de haber elegido una administración territorial más centralizada o, como propone Vox, basada en la provincia.
Es innegable que las comunidades autónomas han servido más que como altavoz de las reivindicaciones nacionalistas, de constructoras ya no de las pretensiones separatistas, sino de las propias identidades nacionales fake que se han ido componiendo en determinados territorios con tanto ahínco.
También es cierto, y yo creo que conviene no olvidarlo, que el separatismo en España creció, se desarrolló y se convirtió en un problema de primer nivel décadas antes de que alguien siquiera imaginase las autonomías.
Pero aun así, es más que razonable pensar que sin el trabajo de construcción nacional que han hecho tanto en la Generalidad catalana como en el Gobierno vasco –y el que se ha estado haciendo también desde otras administraciones regionales– a día de hoy el desafío nacionalista no habría alcanzado las cotas que sufrimos.
No obstante, está claro que esas reivindicaciones existen y que son mucho más fuertes ahora de lo que eran hace cuarenta años, pero ¿es la fuerza centrífuga de las autonomías el único culpable? No, ni siquiera estoy seguro de que sea el mayor: si PP, PSOE y la opinión pública se hubiesen mantenido firmes y hubiesen querido escuchar las señales de alerta que se dieron décadas atrás estoy seguro de que la situación sería muy diferente.
Pero lo que ha pasado ha sido que, por interés político circunstancial, por necesidad parlamentaria y en no pocas ocasiones por convicción, la derecha y, sobre todo, la izquierda han ido alfombrando de pétalos de rosa el camino de las reivindicaciones nacionalistas. Un proceso que se ha disparado desde 2003, cuando Zapatero sentó las bases de la actual división de bloques en España con aquel Pacto del Tinell que, ¿recuerdan?, iba a servir para atraer a los nacionalistas al constitucionalismo y "bajarlos del monte".
La catástrofe educativa
En este sentido, todo el mundo señala al adoctrinamiento educativo como un elemento clave en esta expansión de las ideas nacionalistas. Yo no estoy completamente de acuerdo en eso, la verdad, por una razón muy sencilla: si la educación fuese vital para formar políticamente a los futuros votantes el PSOE ganaría las elecciones con el 90% de los votos, más o menos.
Dicho esto, no voy a negar que el adoctrinamiento de ciertas autonomías –en realidad en prácticamente todas– es un serio problema, pero esto no es algo inherente al sistema autonómico, simplemente es que se han hecho mal cosas que se podían haber hecho bien: no cediendo las competencias de educación, por ejemplo, o mejor todavía para mi gusto, potenciando la inspección educativa en lugar de liquidándola.
Otros fallos del sistema
Siguiendo con nuestro análisis, hay otros elementos del funcionamiento del sistema que es necesario tener en cuenta para evaluar si el Estado autonómico es la fuente de todos nuestros males o no, y esta es de las más importantes: el disparate de unas administraciones que gastan pero no recaudan y que, por tanto, son unas máquinas brutales de generar despilfarro, deuda e irresponsabilidad fiscal.
Desde mi punto de vista este es el otro gran fracaso de nuestro sistema territorial, porque de él se derivan algunos más, como la irracional proliferación de funcionarios y, aún peor, las administraciones paralelas de empresas, fundaciones, observatorios y chiringuitos varios con personal contratado de aquella manera y que suponen un coste que se descarga en nuestras espaldas de contribuyente en forma de terribles e inmisericordes latigazos fiscales.
De nuevo, si les soy sincero no creo que esos problemas sean inherentes a una división administrativa en regiones en lugar de en provincias, de hecho me parece que al menos alguno de ellos se reproduce también, por supuesto a menor escala, en las diputaciones. Y en cualquier caso me parece que son cuestiones que se podrían haber pensado mejor desde el inicio o haberse corregido hace ya tiempo, porque estas disfunciones no son nuevas. Otra cosa es que la responsabilidad es lo último que les interesa a los políticos irresponsables.
Un modelo pactado y apoyado por la mayoría
Dicho lo anterior, creo que tampoco debemos olvidar dos realidades que me parecen relevantes: los que defendemos las Constitución del 78 y el régimen que de ella emana no lo hacemos –o al menos no deberíamos hacerlo– porque sea el sistema que más nos gusta o porque cumpla todas nuestras expectativas, sino porque fue la solución de consenso entre los que querían una forma de organizar España y los que preferían la contraria.
Un sistema constitucional tiene que ser exactamente eso: un punto de encuentro y la Constitución lo es y no sólo lo era hace 45 años: estoy convencido de que a día de hoy es imposible encontrar un acuerdo que sea respaldado por más del 90% de los españoles, como lo fue la actual Carta Magna.
Nos guste o no, lo mismo pasa con las autonomías: sólo hay un partido que defiende su desaparición –Vox, que por supuesto está en su perfecto derecho– y apostaría que ni siquiera para ese 12% de votantes que lo apoyaron el pasado 23-J las comunidades autónomas son su principal preocupación o motivador de voto: es un sistema que a día de hoy cuenta con un apoyo mayoritario y que por tanto me parece imposible derogar, aunque sí se pudiese reformar.
Y, además, alguna ventaja
Hasta ahora hemos hablado de dos o tres problemas muy graves que en España todos relacionamos con las autonomías, pero este artículo sería muy injusto si no hablásemos también de las ventajas que, aunque pueda sorprenderles después de lo que llevamos dicho, también hay.
No les voy a dar esos argumentos tan pobres sobre la cercanía de las administraciones que suelen usarse en estos casos, para empezar porque creo que por lo general cuanto más lejos esté la administración mejor, pero es que, además, si creemos de verdad en esa idea de los políticos cercanos lo que debemos hacer es cargarnos autonomías y diputaciones y dotar a los ayuntamientos de muchísimas más competencias, como alguna vez he escuchado decir a Domingo Soriano.
Entre las grandes virtudes del sistema autonómico que no valoramos lo suficiente sí creo que está, por ejemplo, el hecho de que permiten, si bien es cierto que de forma limitada –y si dejamos a la izquierda, más limitada aún– comparar entre las políticas de unos y otros e incluso lo que se ha llamado tradicionalmente "votar con los pies": trasladar tu lugar de trabajo y residencia a sitios cuyas condiciones de vida, que tanto dependen por desgracia de los políticos, sean mejores.
La Comunidad de Madrid es el ejemplo claro de eso: desde hace décadas lleva a cabo políticas que casi contradicen a las del resto de España y su éxito es, diga lo que diga la izquierda, incontestable: todos los índices de riqueza y bienestar favorecen a los madrileños y, por mucho que se empeñen en achacarlo al efecto de tener la capital, basta con estudiar un poquito los datos para saber que no es así.
Las comunidades autónomas también pueden servir de contrapeso a las políticas nocivas: si vemos el caso de la educación del que les hablábamos antes, hay regiones en las que está claramente por encima de la media, como la propia Madrid o Castilla y León, y en las que no tengo ninguna duda de que la enseñanza sería mucho peor si dependiese de un gobierno central del PSOE.
Sí, es cierto que eso puede revertirse en las urnas en cualquier momento, lo único seguro es que con una administración con más niveles y con una política en la que no hay un único foco de poder las posibilidades de que alguien lo haga razonablemente bien son mayores.
Y, sobre todo y lo más importante: que haya distintos gobiernos aquí y allá es, por desgracia, el único freno al poder omnímodo que de otra forma tendría en nuestro país el presidente del Gobierno, que por nuestro muy mejorable sistema de partidos no sólo controla el Ejecutivo, sino también el Legislativo, la mayor parte del Judicial, la televisión pública, los medios afines regados con publicidad institucional, las empresas públicas y muchas de las no públicas…
Imaginen, por ejemplo, a Pedro Sánchez sin Isabel Díaz Ayuso durante la pasada legislatura y lo que podía suponer su acuerdo con los separatistas en esta si la oposición no controlase una docena de comunidades autónomas. Nos guste o no, las autonomías son el único contrapoder efectivo en España y sólo por eso creo que merecen ser tenidas en consideración.
Por supuesto, esto no quiere decir que no reformemos el sistema, que no solucionemos los problemas que están ahí y son innegables, pero estoy convencido que reparables. Sí, las autonomías son muy mejorables, soy el primero en admitirlo, pero cuanto más lo pienso más me parece que no son una mala idea, y les prometo que no soy separatista y que, al menos de momento, no me he vuelto loco (creo).