Si Alberto Nuñez Feijóo dice estar "convencido" de que existen "mecanismos judiciales, éticos y electorales" para frenar "ese acuerdo de impunidad para el independentismo, si llega a confirmarse" debería tener la gentileza de decirnos cuáles son. Más que nada porque los llamados a ese funesto acuerdo en aras de la impunidad de los separatistas —los socialistas de Pedro Sánchez, los comunistas de Yolanda Díaz y los propios separatistas— no se caracterizan, precisamente, por sus escrúpulos morales en aras de alcanzar un acuerdo que precisamente tiene por objetivo evitar una repetición electoral. Y en cuanto a los mecanismos judiciales, por mucho que no nos quepa duda alguna, tal y como señalan juristas de reconocido prestigio, que la ley de amnistía que reclaman los separatistas —y a la que ya no se opone Sánchez— es clamorosamente inconstitucional, no hay que olvidar que quien habrá de dictaminar si el pulpo puede o no considerarse como animal de compañía son los magistrados del Constitucional, la mayoría de los cuales has sido designados por el PSOE y cuyo presidente es alguien como Conde-Pumpido. Eso, por no hablar del tiempo que habría de transcurrir hasta que el TC se pronunciase y las consecuencias procesales de dicho pronunciamiento tardío, aun cuando fuese contrario a la amnistía.
Así las cosas, más le valdría al PP dedicar sus energías a denunciar políticamente en Bruselas el completo deterioro de nuestro Estado de derecho que conllevaría ese acuerdo de impunidad que están cocinando socialistas, comunistas y separatistas en nuestro país. Y no lo decimos porque, llegado el caso, no sea también pertinente denunciarlo ante el Tribunal Constitucional o porque creamos que Europa vaya a prohibir lo que sí consienta nuestro felón gobierno y, eventualmente nuestro desprestigiado Tribunal de Garantías, sino porque hay que aprovechar todos los recursos a nuestro alcance para denunciar la deriva totalitaria de nuestro gobierno.
A este respecto, hay algunos medios de comunicación que subrayan cómo la UE denunció severamente en 2019 una ley de amnistía que beneficiaba al gobierno rumano por ser un paso atrás en el Estado de derecho. Lo que no se dice es que ese duro pronunciamiento del entonces presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker contra la amnistía fue el resultado de una previa campaña de denuncia por parte de la oposición rumana
Respecto al PP, sin embargo, la única campaña de denuncia ante nuestros socios comunitarios que se le conoce fue aquella destinada a denigrar a Vox en Bruselas poco menos que como un peligro para nuestra democracia y que tuvo como resultado que el Partido Popular Europeo condenara el pacto alcanzado por el propio PP con Vox en Castilla y León.
Tampoco ha parecido el Partido Popular —como también en este caso Vox— muy activo a la hora de respaldar las silenciadas manifestaciones que, en completa orfandad, han protagonizado este domingo miles de ciudadanos en los ayuntamientos de toda España en contra de la puntilla que supondría para nuestro Estado de derecho esta ley de amnistía en ciernes.
El único consuelo, pero reducido al estricto ámbito económico, frente a la nueva legislatura de Sánchez que parece avecinarse, son las reducciones fiscales que están llevando a cabo los gobiernos autonómicos del PP y Vox. Pero hasta este pequeño foco de resistencia que constituye la pequeña autonomía fiscal de las regiones corre peligro si el Gobierno de Sánchez/Conde-Pumpido se sale con la suya.
Así las cosas, el único optimismo de cara al futuro pasa por aceptar y denunciar en todos los ámbitos la trágica realidad a la que nos enfrentamos. Otra cosa no es optimismo, sino ilusionismo.