La fiesta de la democracia de base, o sea, la de los ciudadanos más desarrollados moral y políticamente, acaba de empezar. El 8 de marzo en Barcelona podría repetirse en otras ciudades y pueblos de España. Los dirigentes de los separatistas, los comunistas y los socialistas intuyen el asunto y han responsabilizado directamente al PP de la gran movilización contra el acuerdo, pacto o cambalache que preparan conjuntamente el bloque sanchista-bolivariano con los del bloque de separatistas catalanes y vascos. La acusación de Sánchez al PP es retórica y forma parte de un conjunto de tácticas para ocultar lo evidente: la confluencia de intereses entre Sánchez y Puigdemont. El gobierno en funciones se ha vestido con los ropones institucionales y ha soltado una lagrimita por boca de su ministra portavoz para disimular su principal objetivo: destruir la Monarquía parlamentaria e imponer una república plurinacional de corte confederal, aunque le llamen federal, o sea, una dictadura de corte bolivariano.
La ruptura total de la nación española y la imposición de un régimen de taifas es su ideal. Eso es exactamente lo que ya sabe la ciudadanía mejor informada y formada cultural y democráticamente de España, que protestará, cada vez que tenga oportunidad, por tierra, mar y aire. Esa protesta, cargada de razones, argumentos y teoría, tendrá que vertebrarse, por un lado, con el discurso de Felipe VI en 2017 y, por otro lado, con una actividad permanente de los partidos constitucionalistas coordinados con la sociedad civil. En esta circunstancia de tragedia nacional ningún razonamiento político, por obvio que nos parezca, sobrará. Es menester hacer un esfuerzo cotidiano para defender la democracia desde cualquier posición por humilde que nos parezca.
Es obvio que los juristas, los especialistas en el mundo del Derecho, tendrán mil objeciones a la Amnistía que le exigen los golpistas a Sánchez. También la labor de investigación del periodismo más comprometido con el Estado de derecho, uno de los fundamentos del régimen democrático, será esencial para mostrar el lado más oscuro de quienes en vez de trabajar por el bienestar de la Nación entera se han vendido al gobierno en funciones de Sánchez; merece la pena destacar en esta línea las perversidades cometidas, un día sí y otro también, por la presidencia del Congreso, del Tribunal Constitucional y otras instancia de ese jaez.
Nadie debe dar nada por sabido en este proceso sin cuartel de los dos grupos clave, a saber, el sanchista-bolivariano y el de los separatistas, para acabar con la Monarquía Parlamentaria. Sabemos, sí, cuál es su objetivo, pero, nadie se engañe, estamos lejos de conocer la estrategia final y todas sus tácticas. En todo caso, lo poco o mucho que sepamos sobre ese proceso destructivo deberíamos hacerlo público y ponerlo en común para combatirlo con eficacia. Es cierto, como me comenta el gran jurista Modesto Barcia Lago, que no cabe excluir diferencias acerca del alcance final entre los diversos partidos que ahora asumen el concierto disolvente de la Nación, ni tampoco pueden negarse discrepancias internas acerca de la unilateralidad del proceso rupturista que los nacionalistas proponen y defienden sin recato. Sin embargo, lo decisivo y determinante ahora es denunciar los engaños de Sánchez, o sea, es necesario desmontar de modo claro y distinto que la parte sanchista-bolivariana sólo trata de disimular el alcance y verdadero significado de los hipotéticos acuerdos, la amnistía en primer lugar, presentándola como medida conciliadora y de reencuentro democrático compatible con la Constitución actual, para justificar el voto de investidura y el acuerdo de legislatura, que les permita avanzar en sus propósitos rupturistas.
En verdad, creo que esa tarea crítica de desenmascaramiento de los supuestos "argumentos jurídicos" a favor de la amnistía son más necesarios que nunca. Al lado de ese esfuerzo crítico, entre los que destaco los trabajos de Javier Gómez de Liaño en este periódico, deberíamos resaltar también la labor de quienes, independientemente de la jurisprudencia contra la amnistía, denuncian la inmoralidad que supondría esa "medida". Aquí ya no se atentaría contra un apartado concreto de la Constitución, sino que estarían pisoteando un sentimiento constitucional de millones de españoles. Se estaría atentando contra los cientos de miles de personas que se manifestaron por la Unidad de España el 8 de marzo en Barcelona. Y contra otros millones de españoles que estaban allí espiritualmente. Aplaudían la marcha por la libertad y la igualdad ante la ley de los españoles. Todos participaban entusiasmados en la defensa de España. Todos razonaban contra los traidores a España y su Constitución. Todos se movían, sí, por un sentimiento constitucional, un vínculo moral entre los ciudadanos y sus instituciones, que nada ni nadie conseguirán eliminar de nuestra democracia.
En fin, seamos disciplinados. Defendamos la Constitución a todas horas. Ni presidentes del Gobierno, ni presidentes del Tribunal Constitucional, ni ideólogos constitucionalistas, ni intérpretes privilegiados de los partidos políticos, ni juristas de prestigio, ni sindicatos, ni la madre que parió a todos ellos, conseguirán suprimir el sentimiento constitucional, respaldado por Felipe VI en su Discurso de 2017, y vuelto a afianzar el 8 de octubre por la sociedad civil española. El sentimiento constitucional no estriba en la defensa más o menos entusiasta de determinados artículos, partes o capítulos de la Ley de Leyes sino la necesaria adhesión sentida, sólida garantía, a la ratio y telos último de la Constitución: la Unidad de España.