
Mientras las exclusivas sobre la infausta negociación de Sánchez para ser investido autócrata se desvanecen con el primer clic, una pocas líneas en una reciente información pasaban desapercibidas. Sugerían algo más que su literalidad: "Boye sostuvo entonces que ese procedimiento (el que se sustancia en la Audiencia Nacional por la Operación Mito contra el narcotráfico) responde a una operación policial y judicial contra él por, precisamente, ser abogado de independentistas. Por eso, en algún momento, planteó la posibilidad de que su caso fuera incluido en la ley de amnistía, en el capítulo de operaciones policiales y judiciales contra el independentismo, como las de la llamada policía patriótica". La firmaba Fernando Garea en El Español, el pasado 23 de octubre.
"Capítulo de operaciones policiales y judiciales contra el independentismo". Parecería que los negociadores de la amnistía no solo están redactando un texto ilegal, mano a mano con el señor Conde-Pumpido, también hacen inventario de la "represión del Estado contra Cataluña" y de sus perjudicados.
¿Es el abogado Boye el responsable de ese capítulo? De ser así, seguro que no está solo, contaría con la inestimable colaboración de una mente maestra, la del excomisario Villarejo. Sherlock Holmes no dudaría en calificarle como el nuevo Moriarty, "el Napoleón del Crimen". Aunque Moriarty fue un delincuente leal.
El "capítulo de Boye" detallaría los perjudicados tras los sucesos que se desencadenan, una vez que el Parlamento de Cataluña aprueba que "el pueblo pueda determinar libre y democráticamente su futuro colectivo" —27 de septiembre de 2012— y el presidente Artur Mas decide convocar, para el 9 de noviembre de 2014, un referéndum en el que se pregunta: "¿Quiere que Cataluña sea un Estado? y en caso afirmativo, ¿quiere que este Estado sea independiente?".
Siguiendo el discurso de los golpistas para justificar la amnistía, este ejercicio democrático desencadenó una feroz represión y persecución por el Estado Español hacia la sociedad catalana. Las operaciones contra la corrupción de CiU y de la familia Pujol. Contra el saqueo de los fondos del Palau. La "desestabilización" del FC Barcelona o la denuncia del departamento del Tesoro de Estados Unidos, que forzó el cierre por supuesto blanqueo de capitales, de la Banca Privada de Andorra. Todo formaba parte de esa conspiración del Estado. Son esas "operaciones policiales y judiciales" que refiere el abogado Boye en la información.
Los patriotas catalanes clamaron ante tanta injusticia. Como dijo el secretario general de la UGT catalana, hoy de la del Estado: "Cataluña necesita una relación con España negociada y acordada o... nos vamos".
Y decidieron irse. ¿Lo entienden ustedes ahora? Ellos no querían, pero se vieron forzados a declarar la independencia.
El PSOE lo ha entendido y les da la razón. No solo con su amnesia actual. Antes de la convocatoria de las elecciones generales, el pasado 17 de mayo, se aprobó en el Congreso la lista de comparecientes a la Comisión parlamentaria Kitchen III. Todos los propuestos por ERC y Junts tienen relación con la llamada por los golpistas "Operación Cataluña". El PSOE ayuda a sus socios convocando al expresidente de la Banca de Andorra, Higini Cierco, quien se considera "uno de los grandes perjudicados de la policía política".
Cuando Puigdemont reclama la devolución inmediata de siete millones en fianzas del ‘procés’ está revelando parte del inventario de ese capítulo.
Para que este relato sea creíble, para que lo puedan vender los compañeros de viaje y los periodistas de investigación, se necesita algo más. Las declaraciones de Villarejo vienen viciadas de origen, por muchos audios que se filtren. Hacen falta nuevos testimonios, de autoridad, que confirmen la operación ilegal contra el independentismo. Testimonios de arrepentidos. ¿Sería creíble que algún alto cargo del Gobierno de Rajoy esté valorando prestarse a ese juego? ¿Qué responsables políticos y policiales estén en conversaciones con el abogado Boye? ¿Sería creíble que algún empresario, con problemas legales, este ofreciendo a miembros de los cuerpos de seguridad participar en esa ‘célula de arrepentidos’?.
En la puerta del despacho un letrero informa: "Damnificados por el procés: solo se recibe los martes".
