El PSOE presentó ayer en el Congreso de los Diputados la norma que anulará los delitos de la intentona secesionista de Cataluña y dejará libre al prófugo Puigdemont. La Ley de Amnistía, que ayer inició su recorrido parlamentario, culmina un rosario de humillaciones de Sánchez ante las fuerzas secesionistas para garantizarse su investidura, prevista para esta misma semana. La proposición de ley es un engendro pseudojurídico que trata de justificar un acto anticonstitucional con un texto chapucero que recoge, una por una, todas las exigencias con las que un delincuente fugado de la Justicia española ha puesto de rodillas al Gobierno de la Nación.
La zafia exposición de motivos es un compendio de pretextos para amnistiar a Cándido Conde-Pumpido, el jefe del brazo judicial socialista que tendrá que validar esta ley cuando le toque revisarla al Tribunal Constitucional. La mano del propio presidente del TC no parece ajena a la redacción de ese bloque farragoso de la ley, al tratar de justificar a lo largo de ese preámbulo el futuro carpetazo a los recursos de inconstitucionalidad que se presenten. Así, los razonamientos previos al articulado traen a colación de manera bochornosa, bien casos esencialmente distintos como la medida de gracia del Gobierno de Portugal a los jóvenes que participaron en alborotos callejeros durante la visita del Papa Francisco, bien directamente extemporáneos como la Ley de Amnistía española de 1977, aprobada por las cortes franquistas un año antes de que se promulgara la Constitución y, en consecuencia, inhabilitada para poder ser valorada jurídicamente como fruto de su desarrollo.
Esta ley de ricino sanchista recoge con detalle todas las aberraciones planteadas por Puigdemont con carácter de ultimátum para entregar sus siete votos en la sesión de investidura. Además, lo hace de manera tramposa, tratando de hacer ver que excluye de la amnistía los delitos más graves, cuando lo cierto es que también quedarán exonerados por la propia aplicación de esta ley en cuanto eche a andar. Es lo que ocurre con los delitos de terrorismo, que la iniciativa saca de la ley, pero solo cuando exista una sentencia firme. De sobra saben Sánchez y Conde-Pumpido que los atentados de los CDR y del llamado Tsunami Democràtic, calificados como actos terroristas en el marco de las causas judiciales derivadas del procès, están todavía en fase de instrucción por parte de la Audiencia Nacional, por lo que también los implicados en estas acciones violentas quedarán libres y sin causas pendientes con la Justicia.
Esta ley de desconexión con el Estado de Derecho planteada por Sánchez echará a andar tras su trámite parlamentario, que se prevé muy accidentado a tenor de las iniciativas de todo tipo que ya están planteando los partidos de la oposición y la mayoría de las instituciones relacionadas con el mundo de la Justicia. Si finalmente sale adelante tendrá muy difícil encontrar su aplicación, puesto que los jueces y tribunales tienen la potestad de evacuar la correspondiente consulta al TC o a la propia Unión Europea, lo que paralizará los procedimientos hasta que se produzcan esos dictámenes. Las sentencias, además, podrán ser recurridas ante la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, lo que suspendería también su ejecución.
Pero las trabas jurídicas que sin duda surgirán para aplicar esta ley no pueden ocultar la infamia del PSOE al presentarla ante las Cortes Generales en solitario con la firma de Patxi López, con el único objeto de comprarle a Pedro Sánchez la presidencia del Gobierno. El líder socialista será investido esta misma semana, pero la resistencia democrática de todas las instituciones que ya han alzado la voz y la histórica movilización ciudadana, que irá a más, todavía pueden impedir que el felón de La Moncloa cumpla con lo prometido a Puigdemont y sus semejantes, lo que augura, en el mejor de los casos, una de las legislaturas más cortas de nuestra historia democrática.