Hasta el presidente suplente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el tibio y equidistante Vicente Guilarte, no ha podido permanecer impasible ante la brutal campaña de acoso y derribo del Poder Judicial puesta en práctica por los socialistas y sus socios separatistas y proetarras. "¡Déjennos en paz!", clamó en presencia del ministro de Justicia, Félix Bolaños, de quien se filtró que hizo una ronda de llamadas a algunos jueces tras el criminal señalamiento del que fueron víctimas por parte de la portavoz de Puigdemont en el Congreso, la furibunda Míriam Nogueras. Claro que la gestión de Bolaños se ha llevado bajo el máximo secretismo. Nada de hablar en público, no vaya a ser que se ofenda el prófugo socio de Pedro Sánchez y ponga en riesgo la presidencia y la legislatura de la demolición de la democracia y de España.
Ni siquiera el Tribunal Constitucional, presidido por otro inefable ariete del sanchismo, Cándido Conde-Pumpido, ha mirado para otro lado ante unos ataques de una gravedad inédita. Así, el órgano expresó su "apoyo y solidaridad" a la magistrada Concepción Espejel, señalada también por la antedicha Nogueras. Perfecto, pero ni las palabras de Guilarte ni la posición del Constitucional ocultan el hecho de que la Fiscalía guarda un atronador silencio respecto a las insidias, señalamiento y acoso de los separatistas a los jueces mientras gestiona con sumisa celeridad la denuncia del PSOE contra el presidente de Vox por sus declaraciones contra el presidente del Gobierno. Curiosa forma de aplicar el mandato separatista de "desjudicializar la política".
Sin embargo, el discurso de Nogueras en sede parlamentaria es infinitamente más grave que el episodio de Abascal en Argentina. Claro que Nogueras encarna en el Congreso al socio de Sánchez huido de la Justicia y sus palabras no son sino el reflejo obsceno de la campaña del Gobierno contra el Poder Judicial, el indisimulado intento de reprimir a los jueces para que se abstengan de actuar contra socialistas e independentistas, así como el asalto sin tregua ni cuartel al estamento judicial a fin de que se convierta en una mera correa de transmisión del proyecto totalitario del presidente del Ejecutivo y las bandas que le dan sustento para que derribe la separación de poderes y se apropie del Judicial.
Las desesperada e indignada intervención de Guilarte, ese "¡déjennos en paz!" frente a uno de los artífices de la indecente maniobra gubernamental, revela hasta qué punto está en riesgo la democracia en España y hasta donde ha llegado, de momento, el golpe en curso. La soflama de Nogueras es el contexto de las comisiones parlamentarias con las que socialistas y golpistas pretenden llevar a cabo la caza de brujas contra los jueces y fiscales relacionados con las causas, juicios y condenas de quienes perpetraron el golpe de Estado separatista y de sus elementos más corruptos, con el patriarca del catalanismo, Jordi Pujol, a la cabeza.
Se habla de choque de poderes a cuenta de dichas comisiones, pero esa calificación es del todo inexacta. Sánchez ha quebrantado todos los preceptos constitucionales, ha rebasado cuanta línea roja se la he puesto por delante y lo que ocurre no es un choque, sino una agresión en toda regla, un ataque sin precedentes ante el que la Unión Europea ya tarda en reaccionar más allá de las censuras retóricas. Convertir el Congreso en un tribunal de excepción contra los jueces tampoco es un choque de poderes, sino una maniobra que refleja el profundo sesgo antidemocrático del Ejecutivo y sus aliados, la traducción en términos prácticos del sendero que nos conduce a una dictadura sin paliativos.