"Dime con quién vas y te diré quien eres", dice el refrán español. Aunque no sabemos si sería más oportuno ese otro que dice que "quien con niños se acuesta, mojado se levanta". Sea como fuere, lo cierto es que el PSOE, de tanto aliarse con formaciones antisistema —ya sean comunistas, golpistas o filoterroristas— ha terminado por ser el principal impulsor de la desestabilización de nuestro Estado de Derecho en beneficio de los delincuentes. Y con ello no nos referimos únicamente a su casi despenalización del delito de okupación de viviendas o del delito de malversación de fondos; tampoco a la rebaja de penas y a las excarcelaciones de violadores propiciada por la Ley del "sólo sí es sí" o a la despenalización del delito de sedición; tampoco a los beneficios penitenciarios a etarras que ya causó el año pasado una protesta de la UE por incluir a presos que no colaboraban con la Justicia; ni siquiera nos referimos ahora a la inconstitucional ley de amnistía con la que el gobierno, directamente, va a borrar la existencia misma de todo tipo de delitos relacionados con el golpe de Estado perpetrado en Cataluña. Nos referimos ahora concretamente al apoyo del PSOE a la proposición de ley con la que sus socios de gobierno de Sumar pretenden, junto a los separatistas, despenalizar, entre muchos otros delitos, el enaltecimiento del terrorismo y de los terroristas, los actos de humillación a las víctimas del terrorismo, las injurias al Rey o incluso el uso de la violencia para impedir que los miembros del CGPJ, del Tribunal Supremo o de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas acudan a sus reuniones.
A quienes consideran que no se ha perpetrado mayor homenaje a ETA que la concesión a su brazo político de la alcaldía de Pamplona, tal y como se dispone a hacer el PSOE, no les sorprenderá este nuevo y repugnante beneficio del Gobierno a los filoterroristas en forma de impunidad; otro tanto se podría decir de la despenalización de las injurias a la Corona, teniendo presente que el Rey es el "enemigo público número uno" de los socios separatistas y republicanos de Sánchez. Y no menos bochornosamente lógica es la despenalización de las injurias y actos violentos contra los miembros de nuestros Altos Tribunales teniendo presente una ley de amnistía con la que se borra de un plumazo la acción de la Justicia en privilegiado beneficio de los golpistas catalanes. Y es que, ¿qué se puede esperar de un presidente de gobierno que, haciendo caso omiso del articulo 408 del Código Penal —aquel que castiga con pena de inhabilitación especial a toda autoridad que dejara intencionadamente de promover la persecución de delincuentes—, pacta con ex convictos y con un prófugo de la Justicia una ley de amnistía inconstitucional a cambio de su investidura?
Lo que cabe de esperar de este gobierno, que se sostiene en el poder gracias a formaciones delictivas, es que siga procurando su impunidad. Y es que esta reforma del Código Penal lo que hace, con la artera y torticera excusa de la defensa de la libertad de expresión, no es otra cosa, en realidad, que dar rienda suelta a los que pretenden minar las instituciones y cubrir a las victimas del terrorismo con el manto de la desmemoria, de la indignidad y de la injusticia. Nunca un gobernante había caído tan bajo con tal de evitar el tener que bajar de la poltrona.