Arabia Saudita, monarquía medieval y teocrática de inspiración salafista, una de las corrientes más retrógradas de ese islamismo expansionista que mantiene una confrontación abierta contra el Occidente secular e ilustrado, ha logrado hacerse con una participación significativa en la propiedad de una gran compañía estratégica española, Telefónica por más señas. Una participación accionarial, esa, que eventualmente pudiera abrir la puerta a que sus representantes en los órganos de dirección de la empresa tuviesen acceso no sólo a información sobre infraestructuras materiales y sistemas tecnológicos relacionados con la seguridad nacional, sino también a millones de datos privados y confidenciales de ciudadanos españoles.
Imagine el lector por un instante lo que podría llegar a ocurrir con el manejo de ese tipo de información sensible en el supuesto, por ejemplo, de una configuración bélica entre España y algún Estado confesional musulmán del otro lado del estrecho de Gibraltar. Y es que, con independencia de lo que en cada caso se opine sobre cuál debe ser el grado de presencia e intervención del Estado en las empresas y la economía, el imperativo de la seguridad nacional impone un límite muy claro a todos los debates filosóficos e ideológicos en esa materia. Muy claro, insisto. Porque cualquier Gobierno de España, sea el que sea el partido que lo dirija, no sólo tiene el derecho sino la obligación de actuar para que tales riesgos hipotéticos no lleguen nunca a materializarse.
Bien está, pues, que la SEPI vaya a asumir en breve una participación mayoritaria en el capital de Telefónica. Si bien la seguridad nacional de España no únicamente se podría ver comprometida en lejanos desiertos. Mucho más cerca de Madrid, a dos horas de reloj en AVE, las máquinas e instalaciones de otro sector estratégico para cualquier nación soberana, el que tienen que ver con el transporte ferroviario, van a ser cedidas por el mismo Ejecutivo que intervendrá en Telefónica a los dirigentes políticos de Cataluña que idearon, organizaron y dirigieron la asonada insurrección de octubre de 2017. ¿Cuál es la diferencia, al margen de que Puigdemont no use chilaba, entre Renfe y Telefónica? ¿Alguien lo sabe?