El PSOE, especialmente sensible a las peticiones de sus socios filoetarras y golpistas, pretende abordar una serie de modificaciones legales para despenalizar la exaltación del terrorismo, los ataques e injurias contra la Corona y toda las expresiones de la "libertad de expresión" entendida a la manera de los separatistas: pintadas, señalamientos, amenazas, escraches contra los disidentes (los padres que piden clases de español para sus hijos en Cataluña), homenajes a los etarras bajo las casas de sus víctimas, quemas de banderas españolas, de imágenes del Rey y de ejemplares de la Constitución, entre otros alardes de intolerancia, odio y violencia no sólo ambiental.
Coincide tal propósito con las manifestaciones en Ferraz, especialmente la de la pasada Nochevieja con la piñata que pretendía representar al presidente del Gobierno. Es obvio que el PSOE trata de convertir a su líder en una víctima de la derecha, objeto no sólo de críticas sino de ataques intolerables contra su persona, una suerte de mártir del odio ultra. Pero ese empeño, sustentado por la potencia de difusión de los medios afines y la utilización de la Fiscalía, contrasta vivamente con la campaña para la despenalización de delitos como la exaltación del terrorismo. Es decir, que la dureza contra los autores del apaleamiento simbólico de un muñeco debería ser la misma, como mínimo, que contra quienes desde el separatismo o el filoterrorismo amenazan, señalan y acosan a víctimas reales, de carne y hueso.
Al respecto resulta sustantiva la denuncia del "Colectivo de Víctimas del Terrorismo", Covite, que ha contabilizado a lo largo del año recién concluso 466 actos de exaltación del terrorismo. Más de uno al día, nueve por semana. Infamias cotidianas sobre las que ni el PSOE ni el Gobierno han osado pronunciarse. Los datos pertenecen al "Observatorio de Radicalización" de Covite y evidencian que ETA sigue presente en las calles del País Vasco a modo de advertencia y amenaza, que las bases de la banda no se han disuelto y mantienen una actividad intimidatoria que contamina la política, que impide su ejercicio en completa libertad y seguridad a los miembros de las formaciones contrarias al separatismo.
Tampoco es fácil no ser nacionalista en Cataluña, donde Impulso Ciudadano dispone de otro observatorio sobre la violencia política dedicado a registrar los sucesos vinculados a la hispanofobia y donde algunas familias han sufrido el acoso de los radicales de la inmersión lingüística alentados por la propia Generalidad, tal como se puso de manifiesto en la reciente visita de una misión del Parlamento Europeo para comprobar in situ las supuestas bondades del sistema educativo (en realidad, puro adoctrinamiento) del nacionalismo catalán.
Esas situaciones del todo anómalas en el País Vasco y Cataluña en los últimos años no han merecido nunca el reproche de los socialistas, cuya estrategia de desinflamación consiste en silenciar a las víctimas y pactar con quienes aspiran a eliminar cualquier rastro de disidencia y resistencia frente a sus totalitarios planes separatistas.