Los separatistas catalanes jamás han ocultado que su principal objetivo político es una consulta vinculante para la secesión de Cataluña. Con la actual debilidad del Gobierno socialpodemita y la permanente disposición de Sánchez a someterse a cualquier humillación, el proyecto independentista está más cerca que nunca de verse culminado. Los de Puigdemont ya han advertido de que solo permitirán que Sánchez siga en la Moncloa si les autoriza el referéndum de autodeterminación. Todo lo demás (inmigración, financiación o modificación de la ley de sociedades) es pura calderilla.
Conseguida la ley de amnistía (aunque su aplicación efectiva diste aún mucho de estar garantizada) Junts ha puesto en primer lugar del orden del día de sus negociaciones con el PSOE el referéndum de autodeterminación, una consulta impracticable en un régimen constitucional que solo puede adquirir carta de naturaleza con alguien con la falta de escrúpulos de Sánchez a los mandos de la nave del Estado.
Como ha ocurrido con la ley de amnistía, otro imposible jurídico que ya está sin embargo siguiendo su trámite parlamentario, los separatistas no encontrarán en Sánchez y el PSOE ningún impedimento para sacar adelante su consulta secesionista. De hecho, el pacto de investidura suscrito por los socialistas con Junts ya contiene una mención explícita a esta exigencia separatista y anuncia, incluso, el mecanismo a través del cual se llevará a cabo. Se trata del artículo 92 de la Carta Magna, regulador de la figura del referéndum consultivo, un procedimiento excepcional que ha de convocar el Rey, a propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados.
Es evidente que la Constitución no puede ser interpretada fraudulentamente para camuflar la secesión de una parte del territorio nacional como si se tratara de una consulta ciudadana al uso, pero aquí entran de nuevo Sánchez y su acreditada ausencia de reserva sobre las cuestiones que afectan a los intereses generales o a la permanencia y dignidad de la Nación. Su única prioridad es el mantenimiento del poder y ningún referéndum, por más ilegal que resulte, va a constituir un impedimento para estirar esta legislatura hasta que a Sánchez le convenga en función de sus propios intereses electorales.
El separatismo sabe que es ahora o nunca. Sánchez también, aunque le traigan al pairo las consecuencias de convocar una consulta secesionista que, si bien sobre el papel será ilegal, se convertirá en un soporte formidable para el independentismo de cara a su reivindicación en la escena internacional.