Esteban González Pons fue rescatado de su exilio europeo por Alberto Núñez Feijóo. Quizá ahora se esté arrepintiendo. La acusación del valenciano de que el Tribunal Constitucional es hoy el cáncer de España es completamente improcedente por venir de un dirigente del Partido Popular. El PP jamás se ha quejado de cómo se eligen a los magistrados de ese tribunal y es poco ecuánime hacerlo ahora que prevé que sus futuras sentencias le serán adversas. Es una institución constitucional muy importante, cuyos magistrados se eligen como se eligen. Si eso permite que lleguen a su presidencia gente de la calaña de Cándido Conde-Pumpido, lo que puede hacer el PP es proponer que se cambie la forma de elección. El actual presidente no fue puesto en el tribunal por el Gobierno de Pedro Sánchez, sino que accedió al mismo elegido por el Senado en 2017, cuando era presidente Mariano Rajoy, y con los votos del PP. Así que llegó al Constitucional porque lo quiso el PSOE, desde luego, pero también porque lo consintió el PP. Y lo permitió porque, a cambio, el PSOE deja que accedan a él gente tan próxima a Génova o más de cuánto Pumpido pueda estarlo a Ferraz. Basten los casos de Andrés Ollero, diputado del PP, o Enrique Arnaldo, amigo personal de Pablo Casado. Ambos son, con todos los respetos, juristas de una categoría muy inferior a la del siniestro Pumpido.
Y, con ser todo esto terrible, lo peor con diferencia es que, con sus acusaciones, Esteban González Pons se une al coro de los independentistas catalanes, que vierten sobre el Tribunal Constitucional las mismas acusaciones para legitimar su desobediencia, diciendo que es un tribunal político que falla conforme a intereses políticos: cuando dominan los nombrados por el PP, lo hace a favor de los populares y cuando domina el PSOE, lo hace a favor de los socialistas. Los soberanistas se quejan de que siempre lo hace en su contra porque ellos no tienen la oportunidad de dominarlo. Salvo ahora, claro, que tienen a Pedro Sánchez cogido por salva sea la parte. Las cosas, gracias a Dios, no son exactamente así y a veces el Tribunal Constitucional falla en contra del partido que se supone que lo controla, aunque la verdad es que es algo cada vez más infrecuente. En cualquier caso, el PP, por boca de Pons o de Tellado, no debería unirse a los golpistas catalanes para ahondar en el descrédito del Tribunal Constitucional, por mucho que, con las sentencias de Rodríguez y Otegi, se lo haya ganado a pulso. Y, si quieren cambiar el sistema de elección, que lo hagan. No hace falta reformar la Constitución. Bastaría con que PP y PSOE, en vez de dar por bueno cualquier magistrado que el otro proponga, por sesgado que sea su perfil, se concedan mutuamente el derecho de veto a los propuestos por el otro hasta alcanzar un acuerdo en juristas relativamente independientes. Claro que entonces ya no será tan fácil mangonear al tribunal y esto es algo a lo que, hasta ahora, no sólo no ha querido renunciar el PSOE, sino que tampoco ha querido hacerlo el PP.