El Gobierno del PSOE está jugando a dos bandas —una en Bruselas, con el PP y el comisario de Justicia europeo, Didier Reynders; la otra, en Waterloo y en Madrid, con Puigdemont y Miriam Nogueras—, pero con un mismo objetivo: tener el absoluto control de la cúpula del Poder Judicial que permita a Pedro Sánchez hacer cualquier concesión que le exijan los golpistas con tal de que le sostengan en la poltrona.
Obviamente, ni el representante del PP, González Pons, ni el comisario europeo que ejerce de mediador se han reunido con el ministro de Presidencia y Justicia, Felix Bolaños para tratar de alcanzar un acuerdo que permita a Sánchez alcanzar ese objetivo, sino, por el contrario, para atender la situación de interinidad del Consejo General del Poder Judicial y los criterios que fija la Comisión Europea según los cuales, al menos la mitad de sus miembros han de ser elegidos por los propios jueces. No obstante, el gobierno de Sánchez, que más pronto que tarde volverá a negociar con Junts la "cacería de jueces" que puedan poner en peligro la aplicación de la antijurídica ley de amnistía, es el mismo gobierno del PSOE que habla en Bruselas de la necesidad de alcanzar la "normalidad institucional" de renovar un Órgano de Gobierno de los Jueces que está en una situación de interinidad, ciertamente anómala, pero que sólo le interesa renovar para convertirlo en correa de transmisión de su poder como, de hecho, ya lo es el propio Tribunal Constitucional presidio por Conde-Pumpido. Y es que el CGPJ, último reducto de separación de poderes en nuestro país, ya emitió en noviembre una declaración institucional contra la amnistía tildándola como "incompatible con el Estado de Derecho". Por eso al Gobierno de Sánchez le interesa tanto renovar el CGPJ: es la única forma que tiene para pasar a controlarlo. También esa es la razón por la que el PSOE se ha negado a todas las propuestas de renovación hechas por el PP y a la directiva europea que marca que, al menos, la mitad de los vocales del CGPJ han de ser elegidos por los propios jueces.
Y a este espectáculo asistimos: por un lado, a un gobierno que trata de contentar un partido golpista como Junts, cuya portavoz, Miriam Nogueras, no pudo ser el pasado martes más elocuente y agresiva en el Congreso a la hora de atacar a jueces como Marchena, García-Castellón o Aguirre; y por otro lado, a ese mismo gobierno apelando en Bruselas a la "normalidad institucional" y al "imperativo constitucional" de llegar a un acuerdo que le permita tener bajo su control al Órgano de Gobierno de los Jueces.
Así las cosas, lo único positivo de haberse avenido el PP a negociar en Bruselas con el PSOE la renovación del CGPJ, sin que este partido previamente se comprometiera a aceptar la elección de vocales del CGPJ por los propios jueces, es fijar la atención de nuestros socios comunitarios sobre el brutal acoso que esta sufriendo nuestro Estado de Derecho de manos del propio gobierno y al dictado de los golpistas.
En este sentido, resulta una esplendida noticia el hecho de que este miércoles la Comisión de Justicia del Parlamento Europeo haya aprobado una enmienda para prohibir amnistías por delitos de malversación. Y es que, tal y como ya hemos señalado, una cosa es que Sánchez no tenga límites, y otra muy distinta que no los tenga el sistema democrático y el derecho comunitario.