El duro revés que sufrió este martes el Gobierno en el Congreso de los Diputados, cuando Junts dejó caer con su no la Ley de Amnistía, no se circunscribe únicamente a su derrota parlamentaria ni a la debilidad manifiesta de la legislatura. Los ataques en cascada contra los jueces que en la Cámara Baja profirieron sus socios no pudieron llegar en peor momento para el Ejecutivo.
La preocupación y el malestar de muchos socialistas era evidente: "En una democracia esto es una vergüenza". Y es que las graves acusaciones que se vertieron contra magistrados – muchas de ellas con nombre y apellidos- se produjeron tan sólo unas horas antes de que el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con Las Cortes, Félix Bolaños, y el vicesecretario Institucional del Partido Popular, Esteban González Pons, mantuvieran una reunión en Bruselas con el comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders, con el objetivo de desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Poco antes del encuentro los populares se mostraron decididos a denunciarlas. Primero, este miércoles por la tarde durante esta reunión con Reynders. "¿Cómo va a explicar el señor Bolaños al comisario que sus socios llaman prevaricadores a los jueces en el Congreso y que el propio ministro no pide que se retiren estas palabras del diario de sesiones de la Cámara?", se preguntaron horas antes en Génova.
Ya el jueves será el propio Feijóo el que tome la palabra en Bruselas durante el cónclave del PP europeo. Ante sus compañeros de partido, entre los que están la propia Ursula von der Leyen (Presidenta de la Comisión Europea) y Roberta Metsola (Presidenta del Parlamento Europeo) denunciará también los ataques del Gobierno a los jueces y al Estado de Derecho.
Los ataques del Gobierno y sus socios a los jueces
Y es que en más de una decena de veces los socios parlamentarios de Pedro Sánchez arremetieron contra Manuel García-Castellón, Joaquín Aguirre y Manuel Marchena durante el debate de la Ley de Amnistía. También Sumar, que forma parte de su Gobierno de coalición. Todo ello, con la complacencia de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que no puso freno en ningún momento.
La portavoz de Junts, Míriam Nogueras, citó en concreto al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, que investiga el caso Tsunami, y al titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, que investiga el caso Volhov. Al primero le acusó de "sacarse delitos del bolsillo" y que adapta "la agenda judicial a la política". Sobre el segundo dijo que se "pasea por las televisiones europeas prevaricando". Y habló del "franquismo" que envuelve, en general, a la judicatura.
Desde Podemos, Martina Velarde señaló que el precedente de la actual "ofensiva judicial salvaje" contra la Ley de Amnistía se vivió con la ley del solo sí es sí: "Nos jugamos si en la democracia española mandan los representantes de la soberanía popular (...), o la derecha judicial y el juez García-Castellón". También el diputado de Sumar Gerardo Pisarello citó expresamente a García- Casatellón al que acusó de estar "ciego con la corrupción del PP".
Pilar Vallugera (ERC) espetó lo siguiente: "Han aplicado represión, represión y más represión. ¿Piensan seguir haciéndolo siempre? Porque nosotros no vamos a parar. ¿Qué queremos con esta ley? ¿Qué hace esta ley? Está dotada de la fuerza suficiente como para no ir cambiando en función de las investigaciones prospectivas de unos jueces que claramente prevarican".
En la misma línea, el portavoz de EH Bildu Jon Iñárritu habló de los "movimientos oscuros" de la extrema derecha "en el ámbito judicial, político y en medios de comunicación", dentro de una actuación "coordinada" con jueces "prevaricadores" .
Mikel Legarda (PNV) remarcó, por su parte, que al poder judicial no le corresponde "banalizar lo que ha de ser calificado como terrorismo, haciendo un uso alternativo del derecho practicado por un cierto activismo judicial". Y Nestor Rego (BNG) también cargó contra la derecha y la ultraderecha política y contra "el aparato judicial a su servicio": "El ala judicial no se detiene empeñada en dejar claro que el lawfare existe".
Tal fue la envergadura de lo sucedido que Bolaños se vio obligado a intervenir. Eso sí, una vez que la sesión parlamentaria concluyó. Ante la prensa, el ministro rechazó después de forma "nítida" esta batería de insultos contra los jueces. "España es un Estado de Derecho, con jueces que ejercen su labor de manera profesional y con rigor. Y, por supuesto que se puede discrepar de sus decisiones, para eso el propio Estado de Derecho da herramientas y recursos para poder impugnar esas decisiones", añadió.
Vocales del CGPJ piden un Pleno extraordinario
En paralelo, y a tan sólo unas horas de la cumbre europea, nueve vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) solicitaron al presidente, Vicente Guilarte, que convoque un Pleno extraordinario para realizar un pronunciamiento oficial tras las graves acusaciones lanzadas por estos diputados "ante la aquiescencia y mutismo de la señora presidenta", Francina Armengol.
En este contexto, los vocales firmantes recordaron la declaración emitida por unanimidad el pasado 19 de enero por la Comisión Permanente, cuando expresó su "rotundo rechazo" a las críticas de la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, a García Castellón, al considerar que son "contrarias" al "deber de respeto a la independencia judicial", al tiempo que reclamaron "responsabilidad institucional" para "evitar la utilización política de la Justicia".
El propio presidente del órgano de gobierno de los jueces censuró lo ocurrido en el Congreso. "Permitidme que una vez más, y lamento ser cansino pero más lo son ellos, haga referencia a lo sucedido ayer en el Congreso. Amén del sainete y en lo que nos afecta, volvimos a escuchar inaceptables descalificaciones de miembros de la carrera judicial", dijo Guilarte durante su intervención en el acto de inauguración del curso 2024-2025 de la Escuela Judicial.
"Hago de nuevo un baldío pero insistente llamamiento institucional a que nos dejen en paz, a que no cuestionen la imparcialidad de los integrantes del Poder Judicial cuyo proceder se guía por el principio de legalidad", añadió, según ha informado el CGPJ. Guilarte invitó también a los diputados a combatir "lo que no guste" a través del "sistema de recursos y de instancias superiores", recordando que esta "es la arquitectura básica que inspira un Estado de Derecho que les permite ocupar la tribuna que utilizan desviadamente para cuestionar desde el insulto al Poder Judicial".
En este sentido, insistió en que "no deben olvidar que también ellos", quienes "insultan", "son parte del Poder Legislativo de un Estado que los acoge y les brinda su tribuna". "La lealtad institucional debiera llevarles al respeto de la independencia judicial y de separación de poderes que yo intento preservar desde lo nuestro frente a lo suyo, pero sin que me sea posible ante sus constantes injerencias", lamentó.
Europa aprueba prohibir amnistías por delitos de malversación
Además, a la estrategia de denuncia por parte de Génova se suma la acción del PP Europeo. El Parlamento Europeo ha aprobado este miércoles, en la Comisión de Libertades Civiles, la enmienda de los populares para prohibir amnistías por delitos de corrupción.
Así, la comisión, de la que es miembro el eurodiputado del PP Javier Zarzalejos, ha aprobado su informe sobre esta propuesta legislativa y ha incluido esta enmienda del PPE, firmada por el presidente del grupo, Manfred Weber, la vicepresidenta Dolors Montserrat y Zarzalejos, entre otros. Todo ello con el voto en contra de los socialistas.