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Sánchez teme el dictamen de la Comisión de Venecia sobre la amnistía

Se trata de un organismo del Consejo de Europa que reclama el blindaje de la igualdad ante la ley.

Se trata de un organismo del Consejo de Europa que reclama el blindaje de la igualdad ante la ley.
Reunión de la Comisión de Venecia | Comisión de Venecia

Ataques a los jueces, señalamientos con nombres y apellidos, reformas del delito de terrorismo por la puerta de atrás, intentos de asalto judicial, admisiones de lawfare… Se trata del largo listado de barbaridades acumulado en muy pocos días por el PSOE que ya escandalizan al mundo judicial fuera de nuestras fronteras debido al impulso de la ley de amnistía y la evidente sumisión en una reforma que incorpora al dictado lo que exigen los delincuentes a cambio de mantener en el poder a Pedro Sánchez. Todo ello ha empezado a dejar huella. Y uno de los organismos que ha sido invocado por el Senado para dictaminar sobre la ley de amnistía ha sido la Comisión de Venecia. Se trata de un organismo del Consejo de Europa cuyos expertos internacionales no han dejado de reclamar el blindaje de un principio que salta por los aires con la amnistía de Sánchez: la igualdad ante la ley plasmada en el artículo 14 de la Constitución Española.

La Mesa del Senado, en la que el PP tiene mayoría absoluta, ha hecho un importante movimiento estratégico en los últimos días: la petición a la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho —Comisión de Venecia— un dictamen urgente sobre la Ley de amnistía. La Comisión de Venecia es un órgano consultivo del Consejo de Europa integrado por expertos internacionales en derecho constitucional.

Principio de igualdad ante la ley

El dictamen será emitido en un par de meses, como muy tarde. Pero será difícil que tuerza los principios que no ha dejado de defender de forma prioritaria. Y uno de ellos es una trampa mortal para los intereses de Sánchez. La Comisión de Venecia no ha dejado de reforzar la validez del principio de igualdad ante la ley. Y la amnistía hace saltar por los aires ese principio al generar una casta incontrolable por las leyes.

Por otra parte, es extraño que las instituciones de la Unión Europea —como el TJUE— se aparten de sus posiciones. De este modo, en la práctica, la Comisión actúa de forma similar a los órganos consultivos españoles. Y ya es consciente de que sus equivalentes nacionales, de hecho, han sido marginados y apartados intencionadamente de su función de emitir informes ante la evidente descalificación que pueden hacer de la ley de amnistía.

La Comisión de Venecia ya ha informado sobre una norma española. Lo hizo en 2016 y sobre la Ley de Reforma del Tribunal Constitucional. Igual que lo hizo en 2021 sobre la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana.

Dictamen sobre la Ley de amnistía de Georgia

De hecho, la propia proposición de Ley de amnistía menciona en su preámbulo a la Comisión de Venecia. Y lo hace para mencionar un acta de una sesión plenaria de marzo de 2013. Pero no para explicar su contenido: porque esa acta, corresponde a un dictamen sobre la Ley de amnistía de Georgia. Y justo en ese dictamen la Comisión de Venecia descalificó la amnistía por violar el Estado de derecho.

La argumentación fue demoledora y señaló que, incluso en el caso de amnistías previstas constitucionalmente -caso que evidentemente no es el español- su aplicación debería ser totalmente excepcional y "sólo" en el "contexto del final de conflictos, dictaduras, insurrecciones, inmediatamente después de la transición democrática, pero no más tarde".

El dictamen fue a más y señaló exigencias inviolables en su aplicación. Y dos de ellos eran la prohibición de la arbitrariedad y la igualdad ante la ley.

El caso español es un ejemplo absoluto de arbitrariedad: se adopta para pagar a los apoyos políticos de investidura y gobernabilidad de Pedro Sánchez. Y aún más lo es de violación del principio de igualdad ante la ley: la ley era la misma para los golpistas y resto de españoles antes de que cometieran sus delitos y ahora se modifica para romper esa igualdad y privilegiarlos.

La Comisión de Venecia dio más detalles y señaló expresamente en el caso de Georgia que aunque la amnistía parecía ir destinada a "personas indeterminadas", una resolución previa había fijado sus beneficiarios reales. Y exigió que se consideraran de forma conjunta ambos textos. Aquí no hace falta ni eso: los golpistas piden las reformas y enmiendas y el Gobierno las cambia tras reunirse con ellos.

La Comisión de Venecia también subrayó la necesidad de primar en estas leyes la protección del principio de separación de poderes. En España, directamente se pide el linchamiento popular y se han creado ya comisiones parlamentarias para enjuiciar a los jueces sin garantías judiciales.

El PSOE conoce ya estos precedentes. Y teme ese dictamen.

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