Los chantajes de Puigdemont y la falta de escrúpulos del chantajeado, Pedro Sánchez, están llevando a nuestro país a una situación de excepción jurídico-política incompatible con la democracia y los valores que sustentan a la Unión Europea. No hay precedentes en ningún país democrático de ataques a las autoridades encargadas de impartir justicia, como los que han lanzado el Gobierno social-comunista y sus socios estos últimos días contra los jueces y magistrados que instruyen los procesos judiciales dimanados de la intentona golpista del secesionismo catalán, a los que se ha llegado a mencionar en sede parlamentaria con nombres y apellidos.
El batacazo parlamentario del pasado martes, tras rechazar los diputados de Puigdemont la ley de amnistía propuesta por Sánchez por considerarla insuficiente, no fue óbice para que los socios del Gobierno se lanzaran rabiosos a una cacería contra los magistrados que tratan de esclarecer los delitos cometidos durante el proceso secesionista, acusándolos de estar al servicio de la ultraderecha para imponer una determinada agenda política. No es de extrañar que los aliados de Sánchez hicieran gala una vez más de su ínfima catadura democrática en el parlamento de la Nación, cuando pocos días antes ese mismo argumento había sido esgrimido públicamente por la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera.
Pero no estamos ante los exabruptos de un puñado de radicales haciendo gala en el Congreso de su falta de decencia habitual. Es el propio Pedro Sánchez el que alimenta esta oleada intolerable de insultos a la judicatura, invistiéndose a sí mismo de unas prerrogativas más propias de un dictador bananero que del gobernante de una democracia consolidada en el ámbito europeo. Su argumento de que "todo el mundo sabe que el independentismo catalán no es terrorismo" es todo un desafío al Estado de derecho, en el que la calificación de los delitos, su valoración jurídica y los efectos penales que de ellos se derivan son competencia exclusiva a los jueces y magistrados en el ejercicio de sus funciones constitucionales.
Las palabras de Sánchez solo pueden entenderse como un acto más de presión hacia los jueces para que prevariquen al por mayor y suspendan la instrucción de los sumarios que le interesan para no perjudicar sus intereses políticos. Por eso aciertan plenamente los vocales del Consejo General del Poder Judicial al reclamar un pleno extraordinario y monográfico con el fin de realizar un pronunciamiento oficial de rechazo a estos ataques intolerables, que se unirá a los elaborados en fechas anteriores con motivos similares.
La deriva dictatorial del sanchismo es tan preocupante que debería implicar, necesariamente, el aislamiento del PSOE de cualquier acuerdo de Estado como el que pretende suscribir con el Partido Popular para la renovación extemporánea del CGPJ. Sánchez y sus socios deben quedar aislados en el pudridero de sus chantajes y humillaciones mutuas, sin que puedan recurrir a la muleta permanentemente bisoña del principal partido de la oposición. Cualquier acuerdo con el sanchismo a estas alturas solo servirá para emponzoñar todavía más la vida política y mandar un mensaje equívoco a la UE, como si la política en España estuviera transcurriendo por los cauces de la normalidad.