El candidato fugitivo Carles Puigdemont tiene en sus manos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El curso de la legislatura, la estabilidad parlamentaria y el desempeño del Ejecutivo sanchista dependen de un prófugo que puede acabar presidiendo la Generalidad con los votos de los socialistas catalanes. Puigdemont amenaza con volver para una hipotética sesión de investidura tras las elecciones autonómicas de Cataluña. Puede que a mediados de junio la ley de amnistía ya haya sido publicada en el BOE, pero su aplicación dependerá de los jueces. En ese contexto, el retorno de un Puigdemont encausado no sólo por el golpe de Estado sino también por terrorismo supondría un desafío en toda regla al Poder Judicial. Ahí es donde Puigdemont confía en el peso de Sánchez, a quien ha colocado en la Moncloa precisamente para poder regresar él a la Generalidad con la amnistía bajo el brazo.
La impunidad es parte del precio. Pero no todo. Está también la presidencia de la Generalidad y, aún más importante, el referéndum de autodeterminación. Y el mandato de Sánchez está vinculado a las cesiones. Primero la amnistía y a partir de ahí un sinfín de oportunidades para destruir España, chafar la Constitución, acabar con la separación de poderes y con la libertad e igualdad de los españoles. Para Puigdemont todo son ventajas. Humilla a Sánchez a placer mientras desgrana que es el primer presidente de un Gobierno de la UE nombrado gracias a un pacto suscrito en el extranjero, un presidente cuyo mandato depende de negociaciones con los separatistas también en el extranjero y bajo supervisión de un mediador internacional, un presidente que prometió traer esposado a España a Puigdemont y que a este paso va a acabar dejándole el Falcon para que el prófugo retorne con todos los honores y facilidades y con una ley de amnistía que es una afrenta inconstitucional y que además vulnera los más elementales principios de la democracia española y los valores de la Unión Europea.
Hasta en el caso de no lograr la presidencia de la Generalidad, Puigdemont no habrá fracasado, porque Sánchez todavía dependerá de sus siete votos en el Congreso. De hecho, la Generalidad no sería más que la guinda de un pastel cuyo relleno son los miles de millones robados a los españoles para satisfacer las pretensiones económicas de los separatistas y un referéndum de autodeterminación que caerá como fruta madura en cuanto el PSOE pase por el aro de admitir la falsedad de que Cataluña es una nación y, en consecuencia, le asiste el mismo derecho de autodeterminación de las colonias. Ahora mismo Sánchez es poco más que un muñeco de trapo manejado con escasos miramientos por un Puigdemont que exhibe un revanchismo atroz y obsceno, incapaz de disimular su odio y dispuesto a retomar el hilo de su intentona separatista allí donde lo dejó a finales de octubre de 2017, cuando se fugó de España. Y Sánchez es su cómplice, el socio ideal para acometer la destrucción del sistema democrático.
No hay duda, por otra parte, de que en el caso de que gane las elecciones catalanas el candidato socialista no podrá gobernar y tendrá que decidir a quién entrega las llaves de la Generalidad, si a Puigdemont o al delegado de Junqueras. Dependerá de quién quede por delante en el bando separatista. Pero pase lo que pase entre socialistas y separatistas, la derrota de los demócratas en la región es un hecho gracias a las concesiones del presidente del Gobierno al fugitivo de Waterloo.