La aprobación en el Congreso de los Diputados de la propuesta de la ley de amnistía está lejos de ser la consumación del proyecto revolucionario acordado entre el gobierno de Sánchez y el fugado de la justicia, Puigdemont. Al contrario, marca el inicio de su fracaso. Su votación afirmativa, por el escaso margen de los siete votos de Junts, ha confirmado a todas las fuerzas políticas constitucionalistas y, sobre todo, al mundo del Derecho que esta iniciativa legislativa era una parte sustancial del acuerdo revolucionario entre el PSOE y Junts. Revolucionaria es toda acción política que afirme la absoluta independencia de sus decisiones de cualquier control jurídico. Revolucionaria es toda deliberación política que pretenda estar al margen de la ley, es decir, que comience diciendo que "esta ley es constitucional" y, por lo tanto, no debe ser juzgada por el Tribunal Constitucional, o peor, le indique al tribunal el sentido de su resolución. Revolucionaria es, sin duda alguna, la declaración de independencia de la región catalana del resto de España, como se hizo en la Asamblea catalana en 2017, y esgrimir ante el Tribunal Constitucional que lo allí decidido no tenía nada que ver con la ley, el derecho y la justicia. En fin, revolucionario es todo acto político que busque, por encima de cualquier otra consideración, la impunidad de su acción, o sea, dejar sin castigo las acciones que lo merecen.
Esa es, en efecto, la principal conclusión surgida de la reacción del mundo de la justicia contra la propuesta y aprobación en el Congreso de la citada ley: la impunidad revolucionaria solo puede combatirse con la Ley de leyes, o sea, ha salido reforzada la fortaleza de la Constitución del 78. Gracias a la reacción crítica del entero mundo del derecho contra la propuesta de amnistía del Gobierno, parece que esta fase del proyecto revolucionario, firmado entre Puigdemont y Sánchez, esta abocado al más absoluto fracaso. Por eso, afirmo que no habrá amnistía para los golpistas catalanes ni referéndum para separarse de España y, digo más, el efecto de la aprobación en el Congreso de la propuesta de amnistía será letal para el PSC en las elecciones catalanas. Este partido será el primero en pagar los desmanes de Sánchez. Mi aseveración, pues, sobre la amnistía, el referéndum y el PSC nada tiene que ver con el cuento de la lechera, sino que es el resultado de una observación sobre lo inmediato. Empezaré por el final. Si decir es predecir, arriesgo un sencillo pronóstico sobre los socialistas catalanes: el PSC, un partido filo-separatista desde su fundación, sufrirá más de lo esperado. No miren las encuestas, entre otros motivos, porque apenas han valorado la influencia de la amnistía sobre los futuros votantes del PSC. La bajada del PSC no vendrá sola. Estará acompañada de la subida del PP. A pesar de las dudas y tardanzas de Feijóo a la hora de elegir candidato, el PP crecerá tanto en votos como escaños al Parlamento de Cataluña. Alejandro Fernández logrará hacerle la vida imposible a los señoritos separatistas del PSC.
En cualquier caso, merced al rollo de la amnistía, la ciudadanía sabe hoy más que ayer, o sea más que en las anteriores elecciones catalanas, que el PSC es solo una marca blanca de los independentistas. Eso es tan claro como que Illa está relacionado con la supuesta compra ilegal de las mascarillas. Y más asuntos que aún saldrán, durante estas seis semanas de campaña electoral, sobre sus apaños, cambalaches y enjuagues en el tiempo que fue ministro de Sanidad en el gobierno de España. Para la mayoría de los ciudadanos constitucionalistas de España, incluida la población de Cataluña, Illa es antes que nada un amigo de todos los separatistas. Habla con Puigdemont y la gente de ERC, especialmente con el presidente del mesogobierno regional, Aragonés, con la misma amabilidad que lo haría con uno de su partido. Él mismo Illa lo reconoció recientemente en un mitin: todos los los separatistas son amigos del PSC. En esto, como en otras mil cosas, Illa es una extensión de Sánchez en la región catalana. Seamos, sí, realistas. Pregonemos lo obvio: la propuesta de amnistía sanchista para los golpistas catalanes le restará miles y miles de voto al PSC. También en esto, Illa fue tan mentiroso como el jefe de su partido hermano, Sánchez, quien dijo que la amnistía era imposible, pero acabó proponiéndola.
Vayamos, pues, a lo de la amnistía. Aquí aún debemos ser más realistas que en en el futuro de Illa. En otras palabras, el fugado Puigdemont no vendrá a España. Es muy cobarde. Y si lo hiciere, será detenido y encarcelado, porque todavía la mayoría de los jueces y, por supuesto, fiscales españoles creen que su profesión es su destino, o sea hacer Justicia. Los jueces llevarían a prisión a Puigdemont. Dejar sin castigo, repito, toda acción de un político que se lo merezca no está en ninguna agenda de la justicia española. La impunidad es una cosa de políticos revolucionarios que, naturalmente, no tienen ningún obstáculo moral para utilizar a los más desprestigiados profesionales de la jurisprudencia. La impunidad es algo inconcebible en un Estado de Derecho. Por eso, precisamente, la impunidad, principal línea directriz de la propuesta de ley de amnistía, ha sido duramente criticada no sólo por todas las asociaciones de jueces y fiscales, sino también por el entero mundo del Derecho y de la justicia española y europea. Desde la perspectiva del razonamiento jurídico, y es menester repetirlo las veces que haga falta, nadie con una mínima solvencia profesional le ha dado ese bodrio de ley su consentimiento.
La propuesta de ley aún tiene que superar varios trámites, bastante más serios de lo que algunos creen, que tienen que ver con asuntos prejudiciales. Además de pasar por el Senado, existen otros filtros jurídicos, especialmente el TJUE, que no están dispuestos a cerrar los ojos ante una ley de carácter revolucionario. La ley, digámoslo castizamente, aún no ha salido publicada en el BOE. O sea la ley no existe. Ni existirá. La tosca argumentación en su favor ha sido rebatida por todas las agencias e instituciones del mundo del derecho. Y si lograra pasar todos los filtros que aún quedan, será paralizada, porque la justicia española la recurrirá en el Alto Tribunal de Justicia de la UE; en efecto, a pesar de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento española para colar este tipo de engendro, podrá paralizarse la ley utilizando la normativa europea. La ley de amnistía quedará, como ha reconocido el comisario europeo de Justicia, Didier Rynders, "inaplicada hasta que el Tribunal de Justicia de la UE resuelva las cuestiones prejudiciales que planteen los tribunales españoles".
En este contexto, dominado por una amnistía inexistente, parece que las declaraciones de Aragonés exigiendo un referéndum para separarse de Cataluña son humo. Los separatistas catalanes siguen siendo poca cosa ante el nombre de España. Son solo fachada. Estos fachendosos, como diría Unamuno, se llevarán un bofetón en mayo en la cara del PSC. Entonces la solidez de su pequeño edificio volverá a resentirse. Sus narrativas revolucionarias y casposas, meras antiguallas de la revolución francesa y soviética, montadas sobre el ideologema de que el orden de la política no tiene por qué someterse al de la ley, deberán ser contestadas con un discurso riguroso y potente sobre España. Ojalá el PP se ponga al asunto de verdad. Así las cosas, demos a las declaraciones de Aragonés, jefe de un gobierno regional gracias a la Constitución, el trato que merecen. Despectivo. Este personaje no tiene legitimidad, y menos aún le asiste legalidad constitucional alguna, para pedir un referéndum para separarse de España. Es un traidor a los millones de catalanes que solo quieren ser españoles. Este tipo no puede ejercer ese cargo, porque solo representa a una parte de esa región. No merece la pena hacer conjeturas sobre los pasos que se derivarían de satisfacer las exigencias separatistas. No nos enzarcemos en estudiar el alevoso relato de un tipo que debe su puesto a España. Aragonés es, simplemente, un traidor a la Constitución española. No merece respeto alguno como político. Es solo eso: un vulgar traidor a España y, por lo tanto, a Cataluña. Antes pedía la amnistía, ahora piden el referéndum y mañana exigirán la luna de Valencia. Sánchez se lo daría, pero seamos realistas. Ni habrá amnistía ni referéndum.