Tengo dos cruzadas en esta vida: una, que dejemos de encumbrar a los farsantes de la plaza pública dedicados a recordar las obviedades que nuestro sentido común ha olvidado; la otra, que los caminos españoles no sean el maná que ceba las arcas del Estado junto con Hacienda. Y es que cuenta la leyenda que la camorra napolitana y Al Capone hicieron su Erasmus en la sede de la DGT para implantar las mejores prácticas disponibles en su tierra. A buen seguro, la tenebrosa evolución de aquella Santa Hermandad que protegía los caminos medievales de los criminales les insistiría en dos conceptos importantes: la interpretación libre del código de circulación y la presunción de culpabilidad.
Hace unos meses, en la Nochevieja del año pasado, un amigo salía de casa para juntarse con la familia. Pasó cerca de su coche aparcado y vio un papel blanco en la luna delantera. Se acercó e intentó leerlo. La lluvia había borrado la mayor parte, pero como la experiencia es un grado, no dudó: era una receta. Una receta expedida el día 28 de diciembre –el destino tiene estas bromas– porque la ITV del vehículo había caducado. Nada que no supiera: el coche llevaba aparcado unos dos meses por ese motivo. Se había dado un golpe y la puerta del conductor no abría correctamente. No había forma de pasar la ITV en esas condiciones, así que pidió cita para el taller. Y como la ITV caducaba antes de la primera cita disponible, mi amigo, en su afán de buen ciudadano, se resignó y tiró de transporte público, dejando al coche muerto del asco hasta que los de chapa y pintura se dignaran a recogerlo.
El artículo 76 de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial sanciona que un vehículo circule sin la dichosa ITV de marras. Y con toda su lógica, no vaya a ser que la rueda de algún viejo cachivache salte a 120 kilómetros por hora y sea otro el que pague el pato. Como mi amigo estaba al tanto, dejó el coche aparcado a la espera de reparación. Pero no contó con la presencia, aquel fatídico día de los Inocentes, de dos agentes de la ley que jugaron a eso que hacían Tom Cruise y los suyos en Minority Report: asumir que el criminal iba a cometer un crimen y detenerle antes de haberlo cometido. Los dos felices agentes, ávidos del aguinaldo navideño, le cascaron la receta dando por hecho que el coche había circulado sin ITV o asumiendo que lo haría.
Y es que la ley no castiga el hecho de no pasar la ITV, sino únicamente circular sin ella. No especifica qué ocurre en caso de no circular. A uno le enseñaron que, sin faltar al civismo o a la libertad del otro, si algo no está recogido en la ley, no es ilegal. Pero hete aquí que la DGT, pionera de la extorsión, interpreta el código como mejor le viene en gana y presume la culpabilidad del ciudadano. Mi amigo recurrió la multa con todas las de la ley –por paradójico que suene– y recibió hace días la respuesta: recurso desestimado. Desestimado por no aportar pruebas de lo que defendía: que el coche no había circulado sin ITV en el momento que los agentes cursaron la denuncia. Ya hay algunos casos de jueces que, cuando la sanción ha sido recurrida, han dado la razón al sancionado. Pero cómo apesta un país donde el ciudadano es presunto culpable y debe demostrar su inocencia a riesgo de perder aún más dinero. Mi amigo y muchos otros se resignan y pagan los 200 euros para evitar problemas y que el extorsionador vuelva a casa con los bolsillos llenos. Ojalá el gobierno y su presidente funcionaran tan bien como Hacienda y la DGT, los organismos mejor engrasados de un Estado implacable con el ciudadano medio.