Algo funciona muy mal en un país cuando cumplir los deberes y mantener la dignidad propios de las profesiones jurídicas se convierte en una suerte de virtud heroica de resistencia ante los ataques tan nauseabundos como interesados de los perjudicados y perjudicadas por ello.
Lo anterior viene a colación de la campaña de acoso orquestada por el propio ejecutivo y los medios de comunicación sedicentemente "progresistas" en contra del titular del Juzgado de instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado y su familia más cercana intentando perturbar su independencia. Campaña destinada al fracaso porque estamos seguros de dos cosas: que su independencia de criterio no se verá afectada por las presiones nauseabundas y que el Juez no ha tenido, no tiene ni tendrá afán alguno de protagonismo. Protagonismo que nunca debe nacer de algo tan sencillo —al tiempo que tan complejo en nuestro país— como cumplir su deber. Deber que afortunadamente cumplen cada día —sin alharacas ni presiones— las miles de juezas y los miles de jueces que juzgan y hacen cumplir lo juzgado en nuestra nación.
Y como la campaña de acoso al Juez Juan Carlos Peinado viene a cuento de la instrucción de unas diligencias criminales relacionadas con la Universidad en la que imparto docencia desde hace cuarenta y dos años, me permitirán los lectores que recuerde el discurso que tuve la fortuna de pronunciar, el día 3 de junio, en el Aula Unamuno del Edificio de las Escuelas Mayores de la Universidad de Salamanca mostrando mi gratitud a esa Universidad centenaria por mantener la seriedad de nuestro oficio de estudiar, escribir y enseñar; por mantener sus Cátedras como sedes dignas de enseñanza; y por permitir que accedan a ellas las mujeres y los hombres que acrediten los méritos del esfuerzo investigador y no deméritos distintos.
En ese mismo discurso, imbuido por el espíritu universitario de auténtico progreso intelectual que trascendía en el Aula Unamuno, expresé la inmensa vergüenza y la profunda tristeza que me asaltaban al contemplar que, en otras universidades, se mercadea de manera infame con cátedras extraordinariamente falsas e insosteniblemente obscenas, patrocinadas por grandes empresas multinacionales que, con su proceder y con la aquiescencia de las autoridades académicas, colaboran al ultraje de la misma Universidad centenaria que les da cobijo y que un día fue prestigiosa.
Sirva esta opinión como testimonio de gratitud ciudadana a un juez que cumple su deber.
