Como todo hacía prever, el Gobierno va a tratar de prolongar la legislatura lanzando el ataque final contra las instituciones que garantizan un nivel aceptable de democracia en cualquier país civilizado. Ante su debilidad parlamentaria y, sobre todo, ante la catarata de casos de corrupción que le acosan –por cierto, es absolutamente insólito que en un país de la Unión Europea se impute a la esposa y el hermano del primer ministro y al exsecretario general de su partido y no dimita nadie– a Sánchez no le queda otro remedio que acelerar su golpe y cargar, para empezar, contra los jueces que podrían llegar a juzgarle a él o a sus familiares y contra los periódicos que destapan los tejemanejes que se han desarrollado a la sombra de su poder y los negocios más que turbios y multimillonarios que han crecido en su entorno más cercano.
Es necesario insistir una y mil veces en que las voces de alerta que están surgiendo cada vez con más claridad desde el entorno judicial o el periodístico no son, como algunos podrían pensar, fruto del corporativismo de profesiones que deseen preservar privilegios. No se trata de que los tribunales o los medios de comunicación sean mesías salvadores de la patria, pero si queremos una democracia que merezca tal nombre es imprescindible que tanto unos como otros funcionen en libertad y con independencia del poder político.
En el colmo de la hipocresía y la desvergüenza, Pedro Sánchez ha anunciado esta nueva andanada liberticida en una entrevista vergonzosamente complaciente en Televisión Española, con una periodista colocada a dedo y con un suelto elevadísimo –muy muy por encima no sólo de su prestigio, sino de los sueldos del sector– y de un sectarismo atroz, que escandaliza incluso en un ente público que siempre ha estado al servicio de los distintos gobiernos.
Con ello, y probablemente sin quererlo, el presidente del Gobierno ha mostrado con toda claridad que su visión de los medios de comunicación es la de un dictador de aspiraciones totalitarias, que sólo admite en la prensa la sumisión perruna que exhibe la bien pagada Intxaurrondo. En resumen: no hay ninguna duda de que lo que Sánchez entiende por una prensa sin el famoso "fango" es lo mismo que entendería Kim Jong Un.
Por último, hay que reseñar también el papel lamentable que muchos medios y muchos supuestos profesionales de la información –como la propia Intxaurrondo– están jugando en esto. Desde el sectarismo extremo de los que ven una oportunidad de eliminar enemigos ideológicos –y de paso competidores empresariales– hasta el silencio atronador y vergonzante de las asociaciones profesionales que asisten en silencio, cuando no jalean, a un proceso que en la práctica aspira ya no a establecer una censura, sino a algo todavía peor: acabar con todo aquello que no sea puro servilismo con el poder.
Más allá de los comprensibles y respetables planteamientos ideológicos que cada medio y cada profesional tienen derecho a mantener, algunos están arrastrándose con una bajeza que dice bien poco de una profesión que, incluso a pesar de estos ejemplos de vileza, es imprescindible en una democracia que merezca tal nombre.