El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, no debería seguir ni un minuto más en el cargo. Si apreciara de algún modo su dignidad personal y profesional, habría dimitido mucho antes de perpetrar disparates que son posibles delitos, como ordenar la filtración de los datos relativos a un ciudadano particular. La última iniciativa de exigir a los fiscales del Tribunal Supremo que informen favorablemente de la amnistía de los golpistas Puigdemont y Junqueras es un clavo más en el ataúd del crédito de la fiscalía general, una última señal de degeneración, una prueba, otra más, del obsceno proceder de la maquinaría sanchista. Resulta indigno incluso para él mismo que García Ortiz se preste de esa manera como brazo ejecutor de un presidente del Gobierno que ignora la mesura, patea las leyes, desprecia la separación de poderes y amenaza de forma torticera a quienes osan plantarle cara.
Debe ser difícil, por no decir imposible, encontrar alguien más predispuesto a arrastrarse por el fango que García Ortiz, cuyos méritos pasados han quedado hechos trizas por el seguimiento de las delirantes y seguramente ilegales instrucciones de Pedro Sánchez, cuyo bagaje jurídico y respeto por la separación de poderes quedó sobradamente al descubierto cuando preguntó en tono chulesco a un periodista que de quién depende la fiscalía. Es imposible mostrarse más soez y exhibir más desfachatez, aunque tanto de Sánchez como de su marioneta apellidada García Ortiz cabe esperar cualquier cosa y ninguna buena.
El fiscal general ha puesto a los fiscales del Supremo que intervinieron en el juicio sobre el golpe de Estado en una situación tan incómoda como peligrosa. Pero a diferencia de su superior, los fiscales del Tribunal Supremo han optado por respetar las leyes, respetarse a sí mismos y plantarse ante unas instrucciones que llaman al bochorno más absoluto y que además evidencian que la ley de amnistía se ha hecho pensando exclusivamente en Puigdemont, por lo que bien podría empezar a llamarse ley Puigdemont en vez de ley de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña.
García Ortiz es ya un peón sacrificado, un despojo inútil de la maquinaria del poder de Sánchez, un elemento triturado y fundido en la operación de amnistiar a los golpistas de todos sus delitos, del terrorismo a la malversación para que Sánchez continúe en la Moncloa con su plan de destruir la democracia, la libertad y la igualdad de los españoles. Poco más puede hacer ya García Ortiz, que empieza a vislumbrar un horizonte penal, algo inédito en la historia democrática de España. Si le quedara algo de entereza se iría antes de acumular más oprobio e ignominia. Sin embargo, Sánchez le mantiene porque debe ser imposible encontrar a alguien más dócil y predispuesto a ignorar o quebrantar la legalidad si es menester y lo manda el presidente.
