"No hay libertad si la potestad de juzgar no está separada de la potestad legislativa y de la ejecutiva. Si estuviese unido a la potestad legislativa, el poder sobre la vida y la libertad de los ciudadanos sería arbitrario" (Charles Louis de Secondat, barón de Montesquieu. El espíritu de las leyes, XI.6.)
O sea, algo parecido a lo que el Rey Felipe VI dijo el pasado 24 de febrero en el acto de entrega de despachos a los integrantes de la 72 promoción de la carrera judicial, cuando afirmó que "la independencia de la Justicia es la esencia del Estado de derecho y todos han de preservarla y respetarla". Luego, a renglón seguido, añadió que "sin una Justicia independiente, no existiría una comunidad política democrática y que esa independencia del Poder Judicial como institución es imprescindible para el adecuado funcionamiento de nuestra democracia, así como la de cada juez en el ejercicio de su función". De estas aleccionadoras palabras me permito hacer unas cuantas reflexiones.
Una, la primera, es que en el mundo puede haber y de hecho las hay, democracias de diferentes calidades, mejores y peores, plenas y raquíticas, pero tan cierto como esto es que sin separación de poderes la democracia vive en permanente riesgo.
La segunda consiste en que hoy, más que nunca, es necesario recordar, sobre todo a los enemigos del poder Judicial, que esa independencia ha de serlo frente al poder político, al económico y a cualquier tentación de dominio. Nada más peligroso para una democracia que deslegitimar a sus jueces para que sirvan a intereses ajenos a su misión. Y es que, a fuerza de ser sinceros, reconozcamos que en el mundo de la política, no son pocos los que piensan que al poder judicial se le puede reducir al silencio; que a los jueces se les puede comprar y vender; que a los tribunales se les puede implicar en amorales tejemanejes o poner una sábana de fantasma y tratárseles de marioneta, que viene a ser lo mismo. En este sentido, es muy grave que la justicia, en todas sus vertientes, es decir, desde el titular de un juzgado de cabeza de partido hasta el magistrado del Tribunal Supremo, sea concebida como una institución más, en función de la cual pueda servir a los más abyectos propósitos si eso redunda en provecho y beneficio del gobernante de turno, con la dramática consecuencia de una ciudadanía convertida en mera y paciente espectadora.
En España, nuestra Constitución –artículo 117.1– proclama, en presente indicativo, que "La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por jueces independientes, inamovibles y sometidos únicamente al imperio de la ley". En cuanto a la primera afirmación confieso mis reservas. Decir que el pueblo es la fuente de la justicia puede ser congruente con el principio de que aquél es el germen de todos los poderes, pero una cosa es la Justicia y otra el poder judicial encargado de aplicarla. La justicia es noción que vuela por encima de los hombres y de las leyes y si el pueblo fuese su manantial, todo lo que él decidiese sería justo, lo cual no es verdad. En boca de Cicerón, el pueblo, al estar dominado por el favor o por la envidia, nunca es imparcial para juzgar al hombre. En la misma dirección, el gran jurista alemán Gustav Radsbruch nos advierte que existen leyes que por vergonzosas la conciencia moral rehúsa obedecer.
Respecto a la invocatio regi, declaración que ya estaba en la Constitución de 1869 y que la republicana de 1931 sustituyó por la de "en nombre del Estado", tampoco me convence mucho, al igual que no me convence la expresión "en nombre del pueblo" que emplea, por ejemplo, la constitución italiana. Como dice Bentham, la justicia no se administra en nombre de nadie. Ahora bien, creo que la proclamación de una justicia administrada en nombre del Rey tiene su razón de ser en la función arbitral que la Constitución le encomienda. Con mano maestra lo escribió Francisco Tomás y Valiente, que fue presidente del Tribunal Constitucional: "En una monarquía parlamentaria, el del Rey no es un poder inútil, no sólo porque a él le corresponde el mando supremo de las Fuerzas Armadas […] sino porque arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones (artículo 56.1 CE)". Por cierto, que no confundan los rábulas y tinterillos esa facultad moderadora con los "actos debidos" del Rey, cual es, entre otros, sancionar y promulgar las leyes –artículo 62 a) CE–, cosa que ha sucedido con la ley de amnistía, aprobada por Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio.
Si hay algo que realmente define al juez es ser leal y honesto, dos adjetivos que, lamentablemente y a marchas forzadas, algunos pretenden que pierdan valor y sentido. Leal significa que guarda a personas o cosas la debida fidelidad. En derecho, vale por legal. Honesto equivale a decente, razonable, justo, honrado. No es cuestión de glosar en detalle ambas nociones. Sea suficiente dejar constancia de la satisfacción que al ciudadano le produce comprobar que el juez es leal consigo mismo y con los destinatarios de sus resoluciones y, en sentido opuesto, del malestar que provocan los gestos autocráticos de aquellos que desean moldear la conciencia de los jueces y convertirlos en sumisos vasallos que deambulan mansamente por la vereda del poder. De una puñetera vez –dado el asunto, escribir puñetas viene al pelo– y para no perdernos en el laberinto, convendría saber que el poder judicial no puede ser tributario del poder de los partidos. Es hora ya de reconocer que sólo depende de sí mismo y que ha de huir de tanto seudopolítico y parapolítico al uso que lo que quieren es tener jueces siervos, no jueces libres.
Lo escribió Francisco Umbral en una columna que tituló El casco: "Soy admirador asombrado de la paciencia de los jueces, de su estabilidad psíquica, piensen lo que piensen, de su profesionalidad y de cómo siguen a cada uno en su verdad o en su mentira, por ver hasta dónde los lleva. Si de verdad los jueces fueran febles, como se dice, no habrían podido soportar la deshumana presión política y mediática. Ellos no llevan casco ni lo necesitan, porque tienen oficio y no se ruborizan ante la avilantez de los parlantes, sino que toman nota. Pero si algún juez pidiera un casco para colocárselo sobre la toga, yo lo entendería perfectamente".
En fin. Hace diez años que Felipe VI fue proclamado Rey. Con 56 años cumplidos, no puede decirse que sea un rey joven, aunque tampoco viejo. Después de releer el discurso al que me he referido al comienzo de estas líneas y recordar aquel otro pronunciado el 3 de octubre de 2017, con el que, de forma tan solemne como firme, se dirigió a los españoles ante la situación de extrema gravedad derivada de la quiebra del orden constitucional perpetrado en Cataluña y que disparó su popularidad al identificar monarquía con las ideas básicas de libertad, justicia e igualdad, me atrevo a escribir que el suyo se corresponde con ese estado de vida que, al decir del sereno Goethe, le hace un rey honrado, prudente y cabal. Por tanto, como Federico Jiménez Losantos escribía ayer, "Dios guarde a nuestro buen rey Felipe VI al menos otros diez años".
Otrosí digo. Dedicado al señor fiscal general del Estado. Supongo, don Álvaro, que no está pasando usted por los mejores momentos. Créame que, en lo personal, lo siento, pero, con la misma sinceridad, le digo que la situación que vive se la ha ganado a pulso. Su error ha sido olvidar que los fiscales políticos, sean de España o de cualquier rincón del planeta, son enemigos naturales de la justicia. Nada le ha importado, señor García Ortiz, abdicar de los más nobles fines de su función para servir, cual devoto escudero, al presidente del Gobierno y a sus intereses de toda índole. Atentamente.
