La última consigna lanzada desde Moncloa –y repetida como papagayos por el equipo de opinión sincronizada que lleva bastante tiempo dándolo todo– es que el fiscal general del Estado no estaba cometiendo un delito cuando ordenó filtrar la información más privada de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Estaba, dicen los unos y corean los otros, "desmintiendo un bulo".
Miren, no sé si este Gobierno es mejor en el uso alternativo del derecho o en el uso alternativo del lenguaje, pero hay que reconocerles que en ambos campos son verdaderos linces, unos hachas, la repera limonera… Vamos, que si gobernar se les diese igual de bien, Pedro Sánchez no tendía problemas para mantenerse en Moncloa más tiempo que Franco en el Pardo, que me da a mí que es la más secreta y profunda ambición del marido de Begoña Gómez. Además de forrarse, claro.
Y es que ya lo hicieron cuando el Tribunal Constitucional declaró fuera de la Ley los dos estados de alarma. Entonces nos explicaron con un tono muy pedagógico que no había conculcado las libertades de todos los españoles de una forma flagrantemente ilegal, que va, lo que hicieron fue "salvar vidas". O con los indultos primero y la amnistía después, con las que que no se saltan a la torera la moral y la Constitución para seguir en el poder, sino que han aprobado las dos felonías para buscar "la concordia".
Como buenos izquierdistas con ínfulas totalitarias, para Sánchez y los suyos el fin siempre justifica los medios. Que encima el fin también sea mentira –el único propósito real es aguantar en la poltrona una semana más– es como el chiste que acaba sin gracia, una broma de mal gusto, un estrambote que ni siquiera rima.
Lo que hizo García Ortiz fue, presuntamente, un delito y uno muy grave, penado con varios años de cárcel y todavía más de inhabilitación. Y seguiría siéndolo si lo hubiese hecho para desmentir un bulo, pero es que encima lo hizo por una razón muy distinta: perjudicar a un enemigo político de su amo y señor, Pedro Sánchez, al que presta una obediencia que haría sentir vergüenza ajena al más arrastrado de los esbirros.
Desmentir bulos no es delito, pero los delitos que perpetras para hacerlo sí lo son. Y si, como Álvaro García Ortiz, encima los cometes (presuntamente) siendo fiscal general del Estado, además son especialmente repugnantes.