Enviar a González Pons a negociar algo con los socialistas ya es, en sí misma, toda una declaración de intenciones. El político popular valenciano rara vez defrauda a los partidarios de que el PP sea un partido eminentemente progresista, una fórmula de éxito que les ha proporcionado eventuales mayorías absolutas, aunque esa feliz circunstancia electoral haya desaparecido del horizonte cercano a causa del nacimiento de Vox. En esta ocasión, Esteban González Pons ha hecho su trabajo a plena satisfacción de la plana mayor de su partido. Fuerte, el aplauso para él.
Los populares aseguran que, tras la gestión de González Pons, la independencia de la Justicia en España sale claramente reforzada. ¿Y eso por qué? Podríamos preguntarnos legítimamente. Porque lo que han pactado PP y PSOE es seguir repartiéndose los miembros del Consejo General del Poder Judicial y que el Congreso tramitará una proposición de ley orgánica para cambiar el modelo de elección de los miembros de ese órgano en el futuro. El único éxito indiscutible de esta negociación para el PP es que elegirá al magistrado del Tribunal Constitucional para cubrir la vacante que existe en estos momentos, con lo que la mayoría quedará en 7 a 5… a favor del PSOE ¿No es magnífico?
Para un acuerdo de estas características no hacía falta irse a Bruselas. Ese papel te lo firma Sánchez en La Moncloa sin ningún problema, porque con la presión permanente de la UE para acabar con el mangoneo político de la Justicia en España, un acuerdo como el suscrito ayer es gloria bendita: todo sigue igual y ya presentaremos una proposición en el Congreso para cambiar la ley. Porque ese es el núcleo del acuerdo, la tramitación de la proposición de una ley orgánica para cambiar la elección del CGPJ. Pero ¿y si se presenta el nuevo texto y luego no se aprueba? O, mejor aún, ¿y si se presenta, se tramitan las enmiendas oportunas y acaba diciendo lo contrario de lo que se pretendía en principio? Porque el PP olvida que Sánchez y sus socios tienen mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, lo que les habilita para decidir sobre el contenido de esa futura ley orgánica. Así pues, el PSOE puede hacer una ley a gusto de Sánchez, aprobarla en las Cortes Generales y presentarla en Bruselas como el cumplimiento de su parte del trato, aunque el articulado diga lo contrario de lo que se supone que iba a decir.
En realidad, la posición del Partido Popular era extraordinariamente cómoda. Solo había que negarse a firmar nada hasta que los miembros del Consejo General del Poder Judicial los elijan los jueces, que es lo que dice la Constitución. Y si el PSOE y sus socios deciden seguir avanzando en su golpe de Estado difuso reformando unilateralmente las normas vigentes, convocatoria de manifestaciones masivas en todas las ciudades y ofensiva judicial y política en todas las instituciones internacionales. En su lugar, han firmado un documento en el que PSOE asegura que se portará bien en el futuro. Y ahora, además, los populares nos dicen que todos tenemos que celebrarlo. No es posible tanta ingenuidad. Aquí hay algo más.