Andrea me contó su historia mientras planchaba. Es una historia como hay miles, pero es la suya. Tenía un bar con pista de baile en su Bogotá natal, un pub, le podríamos decir, en el que trabajaban tanto ella como su marido. Un buen día un hombre con aspecto de sicario se pasó por el lugar a la hora de cierre a exigirles dinero. En México lo llaman el piso, en el País Vasco se le decía pomposamente impuesto revolucionario y en Colombia se le conoce como la vacuna. A Andrea la estaba extorsionando el Tren de Aragua, una organización criminal venezolana que se ha extendido por el continente de la mano de millones de refugiados que huyen de la pobreza y la violencia extrema de su país.
Andrea no pagó. No es que no quisiera, es que tampoco podía, le exigían el 90% de sus ingresos. Denunció, pero no sirvió de nada. Pronto empezaron las amenazas, y en seguida se pasó a los hechos. Pintadas amenazantes, pedradas en las cristaleras, ataques incendiarios: un crescendo que culminó cuando recibió en su móvil una foto de su hijo entrando en el colegio. En ese momento supo que había llegado la hora de marcharse. Poco más de una semana más tarde huyó del país, dejando atrás a su familia, su negocio y su vida. Llegó legalmente a Polonia, donde no conocía a nadie ni, por supuesto, tenía la menor noción del idioma. Un compatriota le proporcionó algunos trabajos en negro aquí y allá, turnos de noche en supermercados y lavanderías. Dormía en un piso compartido con otros latinos exiliados; vivía para trabajar, sin saber si esa semana podría pagar la comida. Durante un tiempo se dedicó a ayudar a otros inmigrantes a establecerse en Polonia. "Era trata de personas", me explicó. Su aventura polaca duró apenas seis meses; harta de la precariedad y, sobre todo, de la soledad, se vino a España.
En Madrid la acogieron otros dos compatriotas durante una semana, luego se buscó la vida. "Un angel me rescató", me dijo. Un hombre le dejó quedarse en su casa durante meses, a cambio de cuidar a su madre, enferma de demencia. Pudo ahorrar casi íntegro su sueldo de cuidadora, para el que no tenía formación alguna. Finalmente coincidió con una prima en Barcelona; se dio de alta en una app donde gente como yo busca profesionales y gente como ella busca trabajos por horas, y así acabó planchando mis pantalones en el salón de casa.
¿Colombia siempre fue así?, le pregunté. "Sí, pero ahora es peor. Por culpa del gobierno". Ocho de las cincuenta ciudades más peligrosas del mundo están en Colombia, nunca había habido tantas. Todos los indicadores de seguridad ciudadana han empeorado en los últimos dos años, los del gobierno de Gustavo Petro. Las consecuencias las padece gente como Andrea. "Es lo que pasa cuando pones a un guerrillero a presidir un país", me dice. ¿Y qué opinas de Bukele? "Que ojalá uno en Colombia".
La primera función del Estado, sin la cual todas las demás carecen de sentido, es salvaguardar la vida de sus ciudadanos. El Salvador se acostumbró a encabezar los rankings internacionales de homicidios, y un lustro después de la llegada de Bukele figura en el puesto 47, no muy por encima de Estados Unidos. Colombia está empatada con México en los veinte primeros puestos de la lista, superando ya incluso a Venezuela, antigua habitual en el podio de la siniestra clasificación. ¿El fin justifica los medios? Para Andrea, sí, al menos ese fin y esos medios, pero cualquier militante de Oenegé se horrorizaría de escuchar algo así de labios de una migrante racializada, la categoría angosta en la que la encajan.
España es uno o dos órdenes de magnitud más seguro que cualquier país de Hispanoamérica; el año pasado murieron asesinadas algo más de 300 personas, que son las que mueren en diez días en Colombia o en 72 horas en México. Pero la percepción del público, respaldada por las estadísticas, es que el número de delitos sube. Los robos y atracos violentos, los secuestros y las agresiones sexuales llevan años creciendo, pero la conversación pública no les presta atención, salvo en el caso de las últimas, y únicamente si el perfil del agresor (español, blanco y no perteneciente a ninguna etnia) respalda un relato alucinógeno de culpabilidad generalizada entre los hombres al que el feminismo institucional llama "cultura de la violación" o "hijos sanos del patriarcado", según sea la expresión en boga esa semana. Los tiroteos y los ataques violentos entre narcos también son cada vez más frecuentes pero siguen narrándose como excepciones completamente imprevisibles en vez de como una tendencia cada vez más obvia. España no es México, pero Marbella no está tan lejos de ser Marsella como creemos, o como nos gustaría creer.
Cualquier país europeo es infinitamente más seguro hoy que hace cien años y que hace treinta, pero muy a menudo menos que hace diez. El Estado, por diversas razones, está flaqueando en la primera y principal de sus obligaciones, y eso a la larga sólo puede traer más demagogos que creen que en España, o en cualquier país de Europa, tienen sentido las soluciones de El Salvador. Si el problema se enquista, en menos de una generación llegará un momento en el que quizá efectivamente lo tengan.
Hace unos días Andrea, que no se llama así, me llamó para explicarme por qué no vendrá más a casa: ha encontrado un trabajo a tiempo completo, y su hijo ya está en Barcelona con ella. Pronto llegará su marido también. Imagina no alegrarse de que las cosas le salgan bien a los que se lo merecen. Andrea y su familia encontrarán una vida nueva y mejor donde nadie les intente robar lo que es suyo. Salvo que, claro, nos empeñemos en cometer ciertos errores y en elegir a gobernantes que ignoran deliberadamente ciertos delitos porque sus autores no encajan en su estrechísimo relato de la realidad.
