
En el gremio de las puñetas y las togas, como es sabido, existe una asociación corporativa que mira siempre con maternal cariño indisimulado al PP y otra que se desvive por el PSOE. Pero también hay una tercera, la Francisco de Vitoria, que se ha significado desde su creación por tratar de mantenerse ajena a los tóxicos cantos de sirena de Génova y Férraz. Y es que la Asociación Francisco de Vitoria constituye lo más parecido que tenemos en España a una organización independiente y no partidista cuyo afán exclusivo remita a la defensa de los intereses profesionales de sus asociados en el ámbito de la justicia.
Por lo demás, se trata de la segunda organización por número de integrantes dentro de ese cuerpo de altos funcionarios del Estado. De ahí que resulte tan sintomáticamente significativo que la primera medida acordada por PP y PSOE a fin de "despolitizar" el CGPJ haya consistido en excluir a todos sus miembros a la hora de designar a los vocales de ese órgano. Empezamos bien, como se ve. Empezamos bien y seguimos peor. Porque, en medio de toda esa falsa euforia impostada que se ha desatado tras la consumación del apaño bruselense, se vuelve a insistir de nuevo en la eterna tontería de catalogar a los elegidos por el dedo divino en "conservadores" y "progresistas", elegantes eufemismos para referirse a los que obedecerán al PP, por un lado, y los que solo aceptarán órdenes del PSOE, por otro.
Porque eso, la disciplinada obediencia al partido que les haya facilitado el acceso al cargo, por supuesto, no va a cambiar tras la constitución del nuevo Consejo. Al respecto, podríamos caer en el fatalismo nihilista de creer que esas tradiciones de prostitución moral no tienen remedio. Pero lo tienen. Al cabo, bastaría con establecer por ley una estricta incompatibilidad que impidiese a los vocales cesantes del CGPJ ejercer cualquier cargo público de designación política una vez concluidas sus funciones. Así, nada podrían esperar de PP o PSOE, porque nada les podrían regalar. Es sencillo. Y por eso nunca se hará.
