Una de las ficciones más groseras y peligrosas de las muchas que los políticos tratan de grabar en la mentalidad de los ciudadanos es que el régimen de las pensiones públicas es un sistema autónomo que funciona con las aportaciones de los trabajadores, los cuales generan así un derecho a recibir su jubilación cuando lleguen a la edad correspondiente. Eso sería cierto si los trabajadores capitalizaran sus cotizaciones, como ocurre en otros países, pero el modelo de reparto adoptado por España consiste en que los trabajadores actuales pagan las pensiones de los jubilados, en la confianza de que el proceso se replicará indefinidamente en el futuro, cuando los que ahora están en el mercado laboral cumplan la edad de jubilación.
El modelo solo puede funcionar cuando hay muchos trabajadores y pocos pensionistas, pero el proceso se ha invertido de manera acelerada y ya es el Estado el que financia el sistema de pensiones utilizando los impuestos, porque las cotizaciones sociales no cubren ni el 70% de las prestaciones actuales. Sin esa inyección permanente de fondos, el sistema de previsión social habría saltado por los aires varias décadas atrás.
Por eso resulta obsceno que el Gobierno trate de convertir en una hazaña la leve recuperación de la llamada "hucha de las pensiones", como ha hecho esta semana la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz. "Queda claro quién esquilma y quién recupera", ha señalado la ministra con total desparpajo en relación con los 7.000 millones de euros que se han depositado en el Fondo de Reserva de las Pensiones (la famosa hucha). Saiz podría blasonar legítimamente si esa inyección se hubiera producido por la gestión virtuosa de un modelo que hace aguas por todos lados, pero la realidad es que se trata de una aportación proveniente, de manera exclusiva, de las subidas de impuestos con que el Gobierno viene castigando a trabajadores, empresas y autónomos desde enero de 2023. Un proceso extractivo que, por cierto, está lejos de finalizar, porque el Gobierno ha decidido subir esos impuestos sectoriales al trabajo cada uno de enero de manera indefinida.
El Gobierno sanchista presume, además, de un fondo de reserva que fue creado por el PP en la etapa de José María Aznar; por cierto, con la oposición frontal de la izquierda y sus sindicatos afines, que exigían gastar todos los excedentes anuales de la Seguridad Social en lugar de reservarlos para situaciones de emergencia. Gracias a esta labor previsora de la derecha española se pudo seguir pagando las pensiones durante la crisis económica de 2008, cuya dureza sin precedentes podría haber dinamitado el sistema en su conjunto y dejado desprotegidos a millones de pensionistas.
Los trabajadores en activo harán bien en desconfiar de que sus prestaciones de jubilación vayan a estar a la altura de lo que han cotizado durante toda su vida laboral, con Fondo de Reserva o sin él. El colmo de la hipocresía es que, el partido que no quería crear esa hucha, ahora saque pecho por haber mejorado su situación ruinosa con ingresos fiscales que nada tienen que ver con el funcionamiento de la Seguridad Social.