El Gobierno de Pedro Sánchez ha vuelto a recurrir al Tribunal Constitucional como ariete para atacar a la Comunidad de Madrid. El recurso contra las leyes Trans y de protección de las personas LGTBI es una muestra más de la enfermiza obsesión de Sánchez y sus socios contra la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso. Se confirma, por si no hubiera ya suficientes pruebas, el uso torticero del Constitucional, convertido en la apisonadora del sanchismo, ya sea para allanar la amnistía encubierta a los condenados por el el escándalo de los ERE de Andalucía o para cercenar la legislación autonómica relativa a la protección de los derechos de los menores.
La legislación autonómica prevé el acompañamiento médico y psicológico de los menores que quieran cambiar de sexo y plantea una serie de salvaguardas para evitar la adopción de tratamientos de consecuencias irreversibles cuando el menor o la menor en cuestión no está preparado o no es consciente de los resultados. No se trata de impedir el cambio de sexo, sino de facilitar el asesoramiento imprescindible para que los menores puedan tomar decisiones de manera consciente y responsable.
Los informes que prescriben las leyes madrileñas o el acompañamiento psicológico para iniciar un tratamiento de transición son elementos de una lógica aplastante para preservar en su integridad los derechos de los menores. Ni se "patologiza" a nadie, como pretende el Gobierno, ni mucho menos se autorizan las denominadas "terapias de conversión", prohibidas expresamente por la legislación madrileña. Son los bulos del Ejecutivo de Sánchez para torpedear una legislación autonómica que ni invade competencias estales ni elimina derechos, sino todo lo contrario. Como ha dicho Isabel Díaz Ayuso, tan sólo se trata de proteger a los menores, de facilitarles asesoramiento profesional y de garantizar que son conscientes de que a la hora de someterse a determinados tratamientos no hay vuelta atrás ni posibilidad de rectificación.
En el Reino Unido se han registrado cientos de denuncias de personas que cambiaron de sexo cuando eran menores de edad gracias a una ley que ya ha sido modificada para evitar precisamente que se adopten decisiones sin la información y el acompañamiento necesarios. Años después, algunas de aquellas personas que cambiaron de sexo reprochan a las autoridades que no les dieran la oportunidad de recibir asesoramiento profesional.
Lo inconstitucional, además de aberrante, es que el Gobierno pretenda eliminar cualquier requisito (los informes psicológicos entre ellos) para cambiar de sexo, lo que es contrario a las más elementales recomendaciones de las sociedades médicas y científicas. Tampoco es de recibo que el Gobierno utilice el Constitucional para atacar a la Comunidad de Madrid mientras permite que administraciones autonómicas como la catalana pisoteen la Carta Magna con sus disposiciones lingüísticas en contra de la enseñanza y el uso del español.
