Lo más asombroso de las andanzas de Begoña es el descaro con el que conduce sus negocios. Ya decía Óscar Puente que era infantil acusar a la "presidenta" por unas cartas que estaban a disposición de cualquiera. Querría seguramente decir que lo infantil era el comportamiento de la consorte y que algo hecho tan a las claras, a la vista de todos, no podía haberse realizado con voluntad de delinquir. Tanto es así que fuimos muchos los que creímos que este cuando menos poco ético comportamiento de solicitar por escrito al Gobierno que preside su marido que subvencione a empresas con las que ella trabaja era más fruto de su ingenuidad que de su maldad. O su infantilismo, si así lo prefiere el ministro de Transportes. Sin embargo, Begoña ya no parece tanto una inocente como una desahogada, al menos en sus relaciones con el dinero público. No le faltaba por tanto razón al presidente cuando decía que su mujer era una profesional, no sé si honesta, pero desde luego muy competente. Especialmenteen lo de captar fondos públicos, que es en lo que ella misma se considera experta.
Lo último que hemos sabido, gracias a una especie de informe de la Universidad Complutense remitido al Juzgado, es que la señora de Sánchez contrató a cuenta de la Universidad unos servicios que no está probado que se prestaran por la cantidad de 14.999 euros. La suma no es caprichosa, sino que es la máxima que puede pagarse en nombre de la Administración sin necesidad de someter el contrato a licitación pública. Si lo sabrá ella, que es experta en captar esa clase de fondos. La empresa escogida para prestar los servicios, que por ahora no se ha demostrado que se prestaran, fue la consultora Deloitte. Ésta es casualmente la misma empresa que ganó el concurso para rematar la aplicación que Indra, Telefónica y Google se comprometieron a programar gratis y que se quedó a medio hacer porque alguno de sus directivos se asustó cuando vio que se estaba trabajando sin cobrar para la mujer del presidente. Dependiendo como dependen muchos de los beneficios de estas tres empresas de las decisiones del Gobierno es posible que alguien con un poco de cabeza considerara que la injustificada gratuidad podía resultar escamante.
Cabe sospechar que Begoña Gómez contactó con Deloitte para que terminara el trabajo. Y, dado que la suma presupuestada por la consultora no garantizaba la adjudicación, se decidió que optara al concurso ofertando quince mil euros menos, lo que aseguraría ganarlo. Luego, esos quince mil que faltaban se pagarían gracias a un fingido contrato que no habría que licitar por estar un euro por debajo de los quince mil legales que Begoña podía ordenar que se abonaran sin que la intervención de la Universidad exigiera concurso público. Naturalmente, esto no pasa de ser una mera sospecha que quedará completamente despejada cuando se demuestren los servicios que se prestaron a cambio de esos catorce mil novecientos noventa y nueve euros. Pero, mientras tal cosa no se acredite, la sospecha seguirá empañando el buen nombre de la esposa del presidente. De lo que ya no se permitirá dudar es de su desahogo. Una profesional. Y encima, honesta.
