Si el escándalo de los ERE fue inmenso desde su principio en 2009, hace ya 15 años, cuando el PP presentó una denuncia por el cobro de comisiones ilegales en la empresa pública Mercasevilla, el escándalo de los ERE en 2024 es infinitamente mayor, de más calado y de repercusión europea. O sea, que no ha terminado, sino que acaba de empezar de nuevo.
Para salvar de sus condenas a la plana mayor del PSOE andaluz, de la Junta y del PSOE nacional, el gobierno de Pedro Sánchez ha tenido que dar un golpe de Estado judicial que ha impuesto un nuevo Tribunal, el Desconstitucional, sobre el Tribunal Supremo, órgano superior y único de las decisiones judiciales, anulando las sentencias sucesivas de todas las instancias que estorban al Gobierno, desde el golpismo catalán a los ERE.
Que el tribunal presidido por Cándido Conde-Pumpido esté cancelando las sentencias de los ERE por razón de las garantías constitucionales de los condenados y no haya tenido en cuenta las garantías constitucionales de todas las empresas y trabajadores que fueron excluidos de las ayudas de la Junta por un gobierno socialista que decidió proteger a los propios y a las zonas electoralmente rentables desde un "fondo de reptiles" organizado para preservar y aumentar el poder del partido, es de un libertinaje moral y político que sobrecoge.
Lo que pareció en principio una corruptela más de una Junta de Andalucía gobernada por los socialistas, que tenía cientos, tardó poco en emerger como uno de los casos más graves de corrupción de la historia reciente de España y Europa: por el número de implicados, por la relevancia de los mismos y por los dineros públicos afectados.
En 2023, años después de la primera condena en 2019 de 19 altos cargos de la Junta, dos expresidentes del PSOE y del gobierno socialista andaluz y varios consejeros y viceconsejeros entre ellos, aún quedan más de 500 imputados, con UGT y CCOO como responsables civiles subsidiarias, y 153 piezas desgajadas de la macrocausa original, troceada contra el criterio de la primera juez instructora, Mercedes Alaya, que siempre vio una estructuración jerárquica en el caso que ascendía hasta la cúpula de la Junta socialista.
Al margen del rico anecdotario del caso, que va desde el intento de extorsión de los dueños de un restaurante a los fajos de dinero de un ex-ugetista, Juan Lanzas, "dinero para asá a una vaca", de los cubatas y las sustancias tóxicas, estas sí, ingeridas por un conductor y su director general, lo esencial a estas alturas es comprender que el caso ERE consiste en un sistema de subvenciones ilegales a empresas y trabajadores "afines", por diferentes motivos, a la Junta y al PSOE. Es sólo un hilo de la gigantesca tela de araña socialista en Andalucía, pero un hilo espectacular.
Lo que debería haber sido una convocatoria legal de subvenciones ordinarias y extraordinarias en igualdad de condiciones para todos los empresarios y trabajadores andaluces para afrontar una crisis económica, dijeron, que estalló mucho después con el gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, se transformó en una distribución arbitraria de un "fondo de reptiles" para los amiguetes en dificultades (la expresión es de Francisco Javier Guerrero, director general de Trabajo y uno de los condenados, ya fallecido).
La mayoría de los trabajadores y empresarios andaluces no se enteraron de la existencia de estas ayudas porque no fueron publicitadas, como se recoge en la sentencia del Supremo, vulnerando la igualdad de derechos de los andaluces ante el Gobierno andaluz. Es más, es que hubo zonas de la provincia de Sevilla, la Sierra Norte y algunos de sus municipios más emblemáticos gobernados por los socialistas, en los que se regó con dinero público hasta tal punto que se crearon empresas privadas millonarias regidas por concejales socialistas, en este caso, de El Pedroso.
Para que todo pasara inadvertido, el gobierno de la Junta dio luz verde a un sistema que eludía los controles de la Intervención General de la Junta, de modo que gracias a los métodos ideados empresarios afines, sindicatos y federaciones socialistas señaladas pudieron acceder a unas ayudas –principalmente de prejubilaciones anticipadas financiadas con pólizas de seguro por la Junta de Andalucía—, dejando a su suerte a los demás andaluces.
Además de los hechos probados y de los delitos contemplados, el de prevaricación continuada por tener conocimiento de lo injusto de tal procedimiento y el de malversación de caudales públicos (entre 680 y 1.000 millones si se tienen en cuenta los años 1999 y 2010 y 2011), lo peor del caso ERE es su inmoralidad profunda, su insensibilidad ética y estética y su cinismo político antidemocrático y antisocial.
El eje vertebral de las actuaciones de los gobiernos socialistas no es el interés real de la gente real, ni la igualdad ante la Ley ni la Justicia distributiva más simple de entender. El principal objeto fue siempre, y sigue siendo, el poder del partido, de la organización. Ni España, ni Andalucía ni nadie importan nada. La única patria de los socialistas es su partido y la democracia se respeta si gobierna el PSOE. No en otro caso. Desde su fundación.
Lo definió muy bien, y lo he citado otras veces, Francisco Largo Caballero, que había maniobrado comprando armas y organizando la trama que condujo al golpe de Estado contra la II República en octubre de 1934, tras el triunfo de las derechas. Juzgado por aquellos hechos reconoce que mintió al Tribunal de forma descarada y luego, tras ser absuelto, se ufanó de ello escribiendo en Mis recuerdos:
¿Hice bien o mal al proceder como lo hice? ¿Debía entregar a la voracidad de la justicia burguesa a un defensor del proletariado? Mi conciencia está tranquila. Estoy convencido de haber cumplido con mi deber, pues ofrecerme como víctima sin beneficio alguno para la causa del proletariado hubiera sido tan inocente como inútil.
¿Qué ha hecho el Tribunal que preside Conde-Pumpido? Sustraer a la "voracidad" de la justicia "burguesa" y constitucional a unos "defensores del proletariado" que naturalmente son mucho más iguales que el resto de los españoles. Por ello, el caso de los ERE, amnistiado de facto por la usurpación del Tribunal Supremo que ha perpetrado el Tribunal Constitucional, no ha hecho más que empezar. Es inevitable que la Unión Europea tome cartas en el asunto, si es que la oposición, la sociedad civil, los intelectuales y periodistas y los ciudadanos dignos que aún quedan, dejan, dejamos, por una vez, de hacer el imbécil.