Las sospechas de que el régimen chavista estaba preparando una operación a gran escala para alterar los resultados de las elecciones presidenciales de este pasado domingo se confirmaron horas después del cierre de los colegios electorales, al proclamarse la victoria del autócrata por un escaso porcentaje de votos en contra de todas las previsiones.
Ningún proceso electoral puede darse por bueno cuando el Gobierno prohíbe a los principales candidatos rivales presentarse a los comicios y utiliza los poderes del Estado para coartar y amenazar a todos los que aspiran a un cambio político. Eso es lo que, una vez más, ha ocurrido en Venezuela, en unas elecciones presidenciales que el chavismo estaba obligado a robar para seguir en el poder sin llegar a un baño de sangre, como amenazó el sátrapa que dirige con mano de hierro el país.
El listado de irregularidades y escándalos en los centros de votación ha sido, de nuevo, inagotable. La oposición ha documentado la victoria de Edmundo González Urrutia en la mayoría de centros en los que pudo hacerse con las actas reales de conteo, con un amplísimo margen situado en torno al 30% incluso en bastiones del chavismo como algunos barrios deprimidos de la capital. La líder opositora, María Corina Machado, a la que Maduro no ha permitido participar en las elecciones como la candidata natural para el cambio en Venezuela, confirmó que el escrutinio inicial en las 23 circunscripciones del país daba una victoria a la coalición opositora del 70% de los sufragios emitidos. El apagón posterior del recuento, durante el tiempo suficiente para que los esbirros de Maduro manipularan los resultados, acabó con la proclamación de una victoria pírrica del chavismo con poco más del 51% de los votos emitidos, un dato imposible de aceptar a tenor de cómo se desarrolló la jornada electoral y de los resultados iniciales que los chavistas no tuvieron tiempo de alterar.
Resulta ciertamente heroico que el pueblo venezolano haya votado mayoritariamente por recuperar la democracia, después de la campaña de terror orquestada por el chavismo para tratar de impedir la derrota electoral que se avecinaba. Los venezolanos han hecho su parte votando masivamente al candidato opositor. Ahora es el tiempo de que los países democráticos denuncien el pucherazo madurista y exijan al régimen comunista el recuento de todos los votos con presencia de la oposición y observadores internacionales, única forma de validar legítimamente el resultado real de estas elecciones.
Los vínculos históricos de España con Venezuela deberían convertir a nuestro país en el principal valedor de esa campaña internacional para que se cumpla el mandato real de los venezolanos en las urnas. El Gobierno de Sánchez tiene la ocasión de rendir ese servicio a los ideales democráticos en un país devastado por el comunismo y con un presidente convertido en un dictador cada vez más embrutecido por el ejercicio del poder. No lo hará, porque las posiciones de Sánchez son las de Zapatero, perverso lacayo del narcosocialismo sudamericano, que ha prestado su imagen como expresidente español para validar el pucherazo chavista. Qué decir de los socios del sanchismo en España, siniestros lacayos del comunismo bolivariano en el que se formaron ideológicamente, que ya han comenzado su vergonzosa campaña mediática para validar un fraude electoral como pocas veces se ha visto.
Una vez más, como cada vez que en España gobierna el socialismo, nos toca a los medios defensores de la democracia y la libertad dar voz a la mayoría del pueblo de Venezuela para que se cumpla el mandato real de las urnas y los venezolanos puedan, por fin, poner fin a la pesadilla comunista que los ha devastado.