Pedro Sánchez prometió solemnemente que tanto él mismo como su mujer colaborarían con la Justicia para esclarecer los hechos que se imputan a Begoña Gómez y demostrar que "no hay nada", sólo un montaje urdido por la ultraderecha, bulos, fango, etcétera, tal y como ha dicho unas quinientas veces cada miembro del Gobierno.
Sin embargo, a la hora de la verdad y tras poner un montón de trabas al juez, la mujer de Pedro Sánchez se negó a declarar y el marido de Begoña Gómez también se ha negado a declarar, amparándose en una norma que permite a cónyuges y otros familiares directos de un investigado o procesado callar ante el juez si su testimonio va a perjudicar a su pariente.
Es decir, Sánchez ha admitido con su silencio que cualquier cosa que dijese iba a perjudicar a Gómez, adiós al cuento del "no hay nada", bienvenidos a la realidad de que hay mucho o, como mínimo, lo suficiente para que el comportamiento de la parejita presidencial sea, quizá, delito desde el punto de vista legal y, sin ninguna duda, un escándalo político como no lo ha habido en ningún país de Europa.
Más aún: este martes la colaboración con la Justicia que prometía el presidente del Gobierno se ha traducido en una querella contra el juez Peinado, que para colmo no ha presentado ni el abogado de Begoña Gómez ni un letrado que hubiese contratado Pedro Sánchez, sino la Abogacía del Estado. Es un gesto de una obscenidad tal que no sólo es –al menos desde el punto de vista ético, ya veremos desde el legal– pura corrupción, sino que es un escupitajo a la cara de los españoles, que además de aguantar que la mujer del presidente se dedicase a hacer negocios desde su "lugar de trabajo" en Moncloa, encima tenemos que pagar de nuestro dinero la defensa político-legal del soberbio que se niega a responder al juez.
Estamos ya acostumbrados a que cuando el PSOE tiene problemas legales se pase la separación de poderes por el arco del triunfo y presione a los jueces de una forma tan dura como inmoral. Lo hicieron con Mariano Barbero en el caso Filesa y lo hicieron con Mercedes Alaya con los ERE, pero jamás habían llegado a querellarse contra el magistrado, como jamás lo hizo el PP. Y eso que ha habido comportamientos de jueces y, sobre todo, de fiscales, que no sólo habrían merecido querella sino algo más. Para muestra ahí tienen al ínclito Garzón, apartado de la carrera judicial por instruir como si no hubiera leyes. Vamos, ¡es que ni los Pujol han exhibido a tal grado de obscenidad!
Pero Sánchez ha venido a superar todas las marcas en lo que a descrédito de la democracia se refiere y este martes lo ha conseguido, llegando donde nadie había llegado: a intentar tapar la corrupción… con un acto evidente de corrupción.