Resulta lamentable que el presidente del Gobierno espere a saber quién es el asesino para condenar un crimen tan terrible como la muerte a puñaladas de un niño de once años. Una muestra más, que por desgracia no necesitábamos, de la falta de cualquier ética o escrúpulo moral en Pedro Sánchez.
Pero en esta ocasión también hay que condenar también la carrera de algunos, al otro lado del espectro, por hacer este suceso espantoso algo que arrimar a su sardina política, como si la muerte del pobre Mateo y el dolor de su familia fuesen más o menos cruel y más o menos intenso en virtud de la nacionalidad, el país de origen o el color de la piel del asesino. Ha sido un espectáculo grotesco.
Y lo peor es que esta carrera de calamidades que no ha terminado: ahora el Ejecutivo quiere aprovechar lo ocurrido para dar un paso adelante en la batalla no para acabar con los bulos y el acoso en redes, sino contra la libertad de expresión y la discrepancia con el discurso oficial.
Porque no es casualidad que quiera protegernos de la mentira y los bulos el Gobierno más mentiroso de la historia, el que ha lanzado o dado pábulo a tantos bulos que ya es imposible recordarlos todos, el que no iba a indultar a los golpistas y los indultó, no iba a amnistiarlos y los amnistió y no iba a concederles el cupo catalán y se lo ha concedido; el que diferenciaba entre la persona de Pedro Sánchez y el presidente; el que se inventa los dictámenes de las instituciones internacionales e incluso ha tenido que ser desmentido, en más de una ocasión, por la Unión Europea.
Si el PSOE y sus socios realmente aprobasen una ley contra la difusión de bulos y se aplicase en justicia, los primeros condenados deberían ser Bolaños, Montero, Marlaska o el propio Sánchez, personajes que están tan familiarizados con la mentira que no dicen una verdad ni por error. Y basta con ver las trayectorias de estos mentirosos compulsivos para no tener ninguna duda: si ese tipo de gente pone sobre la mesa una ley contra las falsedades, podemos estar seguros de que lo único que se va a perseguir son las verdades.
Por otro lado, hay que recordar una vez más que en España el Código Penal ya recoge los mal llamados delitos odio, incluso más allá de lo que quizá sería razonable, así como las discriminaciones por motivos racistas, amén de otros tipos penales como las injurias, las calumnias e incluso las amenazas, se produzcan unos y otros en un medio de comunicación, las redes sociales o el bar de la esquina. Es decir, no es necesaria una legislación extra que sólo puede tener un fin, como ya hemos dicho: cercenar la libertad de expresión.
En resumen: el Gobierno más mentiroso de la historia de la democracia quiere aprovechar los comportamientos lamentables de unos pocos para un nuevo intento de degradar nuestro sistema constitucional, castigar a los medios de comunicación que no participan de las campañas progubernamentales y acabar con uno de los bienes más preciados de una sociedad libre: esa libertad de expresión que hasta hace poco parecía garantizada y que ahora vemos que, como todo lo demás, también está en riesgo.
