Este jueves se ha publicado en el BOE la Ley de Paridad elaborada por el Ministerio de Igualdad y, por supuesto, aprobada por todo el Gobierno, no olvidemos este detalle. La norma se publica con un error que, hipotéticamente, permite que se despida de forma procedente a trabajadores simplemente por pedir una adaptación de la jornada laboral o un permiso para cuidar a un familiar tras un accidente o en una enfermedad grave.
La ministra del ramo, Ana Redondo, reconoció hace más de una semana que el error estaba en el texto y las consecuencias que tenía este fallo, asegurando que se corregiría en breve, pero finalmente la norma ha llegado al boletín oficial con el error y los trabajadores harán bien en pensarse mucho hacer una de estas peticiones, porque la ley de Ana Redondo les dejará en la calle si la empresa así lo desea.
No es el primer error garrafal que sale del Ministerio de Igualdad o, mejor dicho, no es la primera vez que una ley promovida por ese ministerio supone un gravísimo perjuicio para aquellos a los que en teoría, pretende proteger: ahí está la mal llamada Ley del Sí es Sí, que supuso la excarcelación de cientos de violadores; y ahí tenemos también la descabellada Ley Trans, que está permitiendo que algunos maltratadores impidan que se les aplique la legislación sobre violencia de género.
Son ejemplos de la falta de conocimientos básicos en materia legislativa de un Gobierno que nada en asesores, pero aun así es incapaz de redactar las leyes correctamente. Sin duda alguna el Ejecutivo más incapaz y peor preparado que hemos padecido nunca.
Desgraciadamente, Sánchez y los suyos tienen otra característica que todavía es peor que esa ignorancia legislativa a la hora de redactar leyes: su profundo sectarismo, unas anteojeras ideológicas que no se quitan ni para dormir y que hacen que siempre que promulguen una ley logren los efectos contrarios a los que en teoría pretenden. Así, la ley para proteger a las mujeres protege en realidad a sus violadores, la que debía ayudar a las personas trans ayuda a caraduras o delincuentes que quieren lograr privilegios y, por cambiar de ámbito, la que se suponía que daría alquileres y viviendas más baratos no hace sino disparar los precios.
Pedro Sánchez y los suyos están intentado subvertir el orden democrático de nuestro país, degradando instituciones esenciales como la Fiscalía o el Tribunal Constitucional y atacando a la Justicia o a la prensa como no lo ha hecho ningún Gobierno hasta ahora. Todo por la simple ansia de poder de un personaje sin escrúpulos y un grupo de arribistas sin dignidad que quieren que todo esté en sus manos… pero que ni siquiera saben hacer leyes para gestionar ese Estado que ansían dominar por completo.