El 22 de enero del año 2000 el agricultor José Ruiz vio como uno de sus temporeros golpeaba a un perro, y se lo recriminó a gritos. El temporero, un marroquí establecido legalmente en España, respondió golpeándole en la cabeza con una piedra repetidas veces, hasta que lo mató. Otro agricultor que pasaba por allí en su coche se detuvo para auxiliarle, pero Cherik Hadij, así se llamaba el trabajador, le degolló allí mismo. No habían pasado dos semanas cuando Encarnación López, una joven de 26 años, descubrió a otro marroquí intentando robarle el monedero en el mercadillo. Cuando se enfrentó a él, recibió una puñalada que acabó con su vida. Los tres asesinatos sucedieron en el mismo pueblo, El Ejido, y desataron una espiral de violencia que duró varios días y se saldó con decenas de heridos y destrucción de propiedades por doquier. Carnicerías islámicas, mezquitas, viviendas y coches de migrantes fueron arrasadas por la turba furiosa en busca de venganza.
La semana pasada un encapuchado apuñaló hasta la muerte a un chico de once años en un pueblo de Toledo. Desde el principio y para cualquiera con ciertas horas de vuelo en las páginas de sucesos, parecía el acto de un desequilibrado. No soy un experto, pero un atentado islamista generalmente no se comete en un pueblo de cinco mil habitantes contra un único niño aleatorio. Aunque todo puede ser. El eurodiputado Alvise Pérez publicó un tuit, ya borrado, culpando indirectamente a unos inmigrantes supuestamente alojados en un hotel de la localidad. No fueron pocas voces de su espectro ideológico que expresaron la convicción de que el autor era inmigrante, o incluso lo confirmaron, como hubo gente que confirmó haber visto la escena de Ricky Martin, un perro y un bote de mermelada allá a finales de los noventa. Cuando se publicó la identidad del sujeto acusado del crimen, se procedió a una recogida de cable tan veloz y extensa como no se veía desde que finalizó el último concierto de Taylor Swift en el Bernabéu. Conviene saber cuándo cerrar la boca, es una norma bastante básica de Internet y de la vida en general.
Para que suceda un pogromo como el de El Ejido en el 2000 o como el de Tarrasa un año antes, hacen falta varios factores; el principal es la estricta división tribal entre "ellos" y "nosotros", pero no es ni mucho menos el único. En Mocejón ese factor no existe en buena parte porque el número de extranjeros es relativamente bajo; según el INE, menos del 10%, de los cuales menos de la mitad son de origen africano. Por comparar, en El Ejido son un 33%. Pero las soflamas incendiarias de Alvise no van dirigidas a la población de ese pequeño pueblo a las afueras de Toledo, sino al resto del país. No estamos muy lejos de que se produzcan otros sucesos como los de El Ejido de hace un cuarto de siglo, y en buena parte es por culpa de aquellos que pretenden evitarlo.
En España, y en el resto de Europa, el debate acerca de la relación entre delincuencia y migración está prohibido tanto social como políticamente, y en un futuro próximo lo estará también legalmente. Simplemente no se puede hablar de ello en el espacio público, y es un debate crucial, porque la inmigración es el centro de buena parte de las discusiones políticas en todo Occidente desde hace una década. Cualquier persona alfabetizada sabe que la población extranjera delinque proporcionalmente más que la autóctona, tendencia que es más acusada en determinadas nacionalidades y orígenes. No delinquen igual los británicos y los alemanes que los argelinos y los marroquíes. Y no se trata de estigmatizar o de generalizar. Esto son hechos, que además son extremadamente fáciles de comprobar. Podemos buscar las raíces de esos hechos o podemos acusar de racista a cualquiera que los señale. En España hacemos lo segundo. Eso evita varias cosas: una, debatir seriamente sobre cómo asimilar mejor a los inmigrantes (porque van a seguir viniendo), dos, debatir seriamente sobre la compatibilidad de ciertas culturas con nuestro sistema de valores y nuestro código penal, y tres, plantearse el papel de según qué gobiernos norteafricanos y según qué ONGs en el fenómeno migratorio, especialmente en la inmigración irregular. También el papel de nuestro propio gobierno, de paso.
La izquierda en el poder no quiere siquiera tener una mínima conversación acerca del tema. "Son niños que huyen de la guerra" es todo lo que son capaces de aportar. Y es mentira, claro. La inmensa mayoría no son niños ni huyen de ninguna guerra. Decir esto, que es como decir que el agua moja o que Begoña Gómez está imputada por corrupción, es propio de ultraderechistas vinculados con el nazismo, pero es la realidad. Negar la conversación pública sobre ello lleva a que la única voz que se oye oponiéndose a la política gubernamental sea la de los extremistas y los demagogos, y a que no se tomen medidas de ningún tipo para solucionar los problemas reales, que existen y no son un invento de la supuesta ultraderecha
La izquierda española, a diferencia de lo que sucede en otros países de Europa, sólo conoce la huida hacia adelante, y aprovechando las tonterías de un porcentaje minúsculo de internautas ha vuelto a la carga con el run run de prohibir el anonimato en redes sociales, algo muy útil para evitar la crítica y la sátira contra el poder, pero que en absoluto evitará titulares como este de El Correo: "La Ertzaintza deja de arrestar en Álava a quienes amenazan con arma blanca al ser un «delito leve»". Sacarle una cheira a un paisano para robarle el móvil no es delito salvo, la cita es textual, "si el agresor contacta a modo amenazante con alguna parte del cuerpo de la víctima", o sea, si lo apuñala o le pone un machete en el cuello. Lo que si será delito será llegar a casa, entrar en Tuíter y cagarse en la inmigración ilegal después de que a uno le atraquen "sin contactar de modo amenazante con parte alguna del cuerpo". Porque al final no se trata de evitar los delitos sino de evitar que la gente se queje y, sobre todo, evitar que el gobierno más corrupto de la historia reciba crítica alguna.
